COLUMNA DE LA CORTE: Janine Madeline Otálora Malassis *Se materializó

*Se materializó la Constitución y la democracia

El miércoles ocho de este mes y año se materializaron, una vez más, la Constitución y la democracia. Después de haber realizado tres ejercicios de calificación de la elección presidencial, podemos afirmar con seguridad que el Tribunal Electoral ha contribuido a restablecer la quebrantada esperanza en la soberanía del pueblo y en la posibilidad del imperio del derecho.

Esta Sala Superior ha colaborado con las otras instancias que conforman nuestro sistema electoral para demostrar con los hechos que tanto los ciudadanos como las autoridades públicas estamos sometidos a la ley.

Es un honor que ustedes, como representantes de las instituciones que construyen a este país sean testigos de este momento histórico.

Solo un proceso democrático permite la construcción de la voluntad política que se traduce en la elección de un gobernante y en la consecuente determinación de las políticas públicas que habrán de generar mejores condiciones de vida para la comunidad en los años venideros.

El proceso electoral 2018 que implicó a todas y todos los ciudadanos de este país y que tuvo uno de sus momentos culminantes el día de la jornada electoral cuando más de 56 millones de personas salieron a emitir su voto, se cristaliza hoy con la entrega de la constancia de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos al licenciado Andrés Manuel López Obrador quien tomará protesta de su cargo el próximo primero de diciembre ante el Congreso de la Unión.

Para este Tribunal, este día es uno de los momentos principales que alienta nuestro trabajo cotidiano, otorgar el reconocimiento correspondiente a quien la mayoría de las y los mexicanos ha dedicado que les represente, ejecute las leyes, defina las políticas públicas del país y con todo ello su rumbo.

Rumbo que estará marcado, además, por el quehacer legislativo de una nueva integración, por primera vez, paritaria, del Congreso de la Unión, así como por la interpretación de las normas que el Poder Judicial realiza a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos.

Así, los pesos y contrapesos necesarios en un Estado democrático de derecho estarán garantizados y este al fin y al cabo es el fin último de todo andamiaje institucional.

El sistema electoral integrado por normas y órganos administrativos y judiciales gira en torno al reconocimiento de una cuestión fundamental: el poder del voto ciudadano y el inconmensurable compromiso que genera el ser votado.

Las elecciones son una de las vías que la Constitución prevé para la transformación de las estructuras que sostienen al país y para hacer realidad las promesas de derechos y libertades que sustentan todo orden jurídico.

Somos sabedores que el fin último no es tener una democracia como una mera estructura jurídica y régimen político, sino, como bien lo dice nuestra norma fundamental, como un sistema de vida.

La función de este Tribunal Electoral es velar por la efectividad de este sistema y para que la decisión de las y los ciudadanos tengan la envergadura y el peso que le corresponde.

Nuestro deber es hacer realidad las aspiraciones de democracia, de igualdad y libertad que justifican la existencia de este órgano judicial.

Además, en manos de las autoridades electorales está que el derecho de votar y ser votado sea una realidad para todas las personas. Que el voto de las mujeres, de las personas indígenas, afromexicanas, transgéneros, desplazadas y residentes en el extranjero, tenga el mismo valor que el de cualquier individuo.

Toda sociedad aspira a la igualdad entre sus integrantes. La jornada electoral en el momento en el que un ciudadano emite su voto es el único en el que todos somos iguales y la decisión de cada uno tiene el mismo valor social y político.

Por ello es vital garantizar la libertad de cada una y cada uno de los electores para ejercer su derecho de voto.

Este proceso electoral ha sido complejo por la concurrencia de las elecciones federales y locales, y por el contexto de violencia. Sin embargo, los hechos permiten constatar que se desarrolló con apego a la Constitución y a la ley.

La ciudadanía emitió su voto libre e informado, las y los candidatos, así como los partidos políticos tuvieron la libertad y la posibilidad de competir por el voto ciudadano y las autoridades electorales cumplimos nuestro mandato en cuanto a la organización de los comicios y a la solución de las controversias para garantizar la legalidad de todo el proceso.

La calidad de un proceso electivo es producto de la corresponsabilidad de quienes intervenimos en él.

Reconocemos el papel desempeñado por el Instituto Nacional Electoral en la organización de una elección tan compleja como la que vivimos.

Hacemos un gran reconocimiento a todas y a todos los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla, a los representantes de los partidos políticos y a los electores que salieron a votar de manera masiva, en orden, en paz y en plena libertad.

Reconocemos aquí a los actores políticos que supieron con gran madurez aceptar la voluntad ciudadana.

Asimismo, agradecemos el trabajo de las autoridades públicas que permitieron que la jornada electoral se realizara en paz.

El Estado de Derecho exige, entre otras cosas, el reconocimiento y protección y los derechos humanos y el establecimiento de límites al ejercicio del poder, lo que se manifiesta en parte en la división de poderes.

Esta sesión solemne refleja los equilibrios y contrapesos que determinan la relación entre los poderes y encarna los principios fundamentales en los que construimos nuestra democracia.

A través del control jurisdiccional garantizamos la legalidad de los actos de la autoridad, la legitimidad de las elecciones, de las autoridades electas y del régimen democrático, fomentando con ello la confianza ciudadana en los comicios y en sus resultados.

En este sentido, la justicia electoral es la expresión máxima de la democracia, en la que se unen sus dos pilares: el procedimiento electivo y el Estado de derecho.

Este exige que en los procedimientos y normas se reflejen los estándares adoptados en el sistema político y que todas las decisiones de los gobernantes se tomen con apego a la ley y con pleno respeto a las libertades y a los derechos ciudadanos.

Los jueces debemos fungir como contrapesos a las decisiones tomadas por las mayorías, para asegurarnos que estas no impliquen afectación indebida o excesiva a los derechos de las minorías o a los principios fundamentales de la democracia. Es por ello que esta sesión solemne tiene un momento especial, como un momento simbólico que encarna los principios fundamentales en los que construimos nuestra democracia.

Además de su efecto práctico de reconocimiento del Presidente Electo, refleja los equilibrios y contrapesos que determinan la relación entre los Poderes dentro de un Estado democrático.

La meta de la democracia es la paz social que da lugar a que todas las personas estén en condiciones de diseñar y ejecutar un proyecto de vida digna que da lugar a instituciones públicas con legitimidad y credibilidad, garantes de los derechos humanos y de los pesos y contrapesos que garantizan el éxito del quehacer estatal.

Las magistradas y los magistrados de este Tribunal Electoral reiteramos que somos conscientes de que la justicia es el cimiento de la dignidad humana y la libertad.

Nuestro compromiso es seguir impartiendo justicia en aras de consolidar nuestro orden constitucional, en el que todas las personas puedan ejercer sus derechos políticos en condiciones de igualdad, de paz y dentro de un orden armonioso.

La democracia es el único sistema que logra la inclusión de todas las voces y cuerpos, la representación de las agendas, aspiraciones a intereses de la ciudadanía, privilegia la deliberación y la solución pacífica ante las diferencias y las disputas por el poder. Debemos cuidarla.

En esta sede judicial seguiremos construyendo una democracia incluyente, de igual manera reiteramos nuestro compromiso de cuidar la Constitución, ya que nuestra norma fundamental nos defiende a todas y a todos. La supremacía de la Constitución es la mejor garantía de nuestra independencia.

Seguiremos velando para que todo proceso electivo cumpla con los elementos que forman la integridad electoral. No hay democracia sin Estado de Derecho porque el derecho es la condición de la democracia. Asumimos nuestra responsabilidad jurídica de respetar y velar por el Estado de Derecho, a los otros poderes les compete la responsabilidad política de observar y respetar las reglas del juego.

La democracia no se agota con la celebración de una elección, al contrario, es un modo de vida determinado por la comunidad y garantizado por la Carta Magna.

En este momento se materializa la investidura del titular del Poder Ejecutivo Electo por el voto ciudadano a través de un procedimiento comicial democrático, validado por este Tribunal Electoral.

Licenciado Andrés Manuel López Obrador, en la sesión pública celebrada esta mañana, esta Sala Superior emitió el dictamen de validez de la elección presidencial y de Presidente Electo, constatando que el proceso electoral se desarrolló con apego a los principios constitucionales.

Asimismo, determinó que usted es el candidato que obtuvo el mayor número de votos cumpliendo con los requisitos constitucionales de elegibilidad.

En consecuencia, este Pleno determinó emitir a su favor la constancia que lo acredita como Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos.