COLUMNA DEL SENADO: Héctor David Flores Ávalos *Proteger

*Proteger y garantizar el derecho a la educación

La educación es un derecho fundamental que el Congreso de la Unión debe proteger y garantizar, primero, evidentemente con nuestro mandato de legislar, y después, precisamente a través de acciones como las que lleva a cabo la Comisión Permanente de vigilar el correcto cumplimento de las disposiciones que se han legislado y en las cuales se ha dado el marco normativo para que la autoridad, principalmente la autoridad ejecutiva lleve a cabo su función.

Hablar de educación es hablar precisamente de un instrumento poderoso que permite a adultos, a niños de cualquier condición social y económica salir adelante por su propio esfuerzo y participar plenamente en la vida de la comunidad a la que pertenecen.

Una educación de calidad debe de ser capaz de desarrollar competencias para la vida en sociedad, debe reconocer también que las diferencias no se enriquecen y que es tan importante la perspectiva personal como la perspectiva de los demás y debe privilegiar la convivencia armónica.

La educación es la base esencial para poder ejercitar todos los demás derechos, promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo no sólo del individuo, sino de la comunidad a la que pertenece.

El artículo 3 de nuestra Constitución establece la educación básica como un derecho humano, para todos los mexicanos y prescribe que debe ser laica y gratuita, es decir, el Estado tiene la obligación de otorgar la educación, de brindar la educación básica sin costo y aislada de creencias religiosas.

La Ley General de Educación por su parte específicamente en el segundo párrafo del artículo 6 regula la prohibición del pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de un servicio educativo.

Sin embargo, y a pesar de esta prohibición expresa, año con año, esto no es un tema nuevo, año con año vemos que al finalizar o iniciar un ciclo escolar los padres de familia son condicionados a realizar una aportación en dinero o en especie para que sus hijos puedan seguir estudiando y en algunos casos incluso se llega al extremo de exhibir a los padres o alumnos que han decidido no participar en esta situación.

Lo planteado impacta en detrimento no sólo de la economía de las familias, y mayormente de aquellas de escasos recursos. Sino también impacta en el correcto desarrollo educativo de los alumnos que se ven en esta situación.

Así, al no haber una real gratuidad en la educación que imparte el Estado, lo cual puede representar una barrera de acceso a la población para la preparación de todas estas personas, enfrentamos un obstáculo que es recurrente.

Creo que esta es una situación que se vive en el país año con año, y que no necesariamente habla de una práctica que tenga como propósito, digamos, sustraer recursos de las familias, muchas veces esta práctica tiene como propósito que la propia escuela, a través de las organizaciones de padres de familia pueda hacer frente a gastos elementales, y esto lo vemos a lo largo y ancho del país.