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La empresa OHL será denunciada por otorgar 186 millones de pesos para financiar documental electoral

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Santiago Nieto Castillo, titular de la unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, informó que denunciará formalmente al bufete de proyectos de información por haber recibido 186 millones de pesos provenientes de la empresa OHL México, además de dos mil 500 millones provenientes de la coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad del gobierno del Estado de México sin una aparente justificación.

Explicó que de acuerdo con las investigaciones realizadas, se descubrió que a partir de estos recursos que recibía el bufete, se fraguó la elaboración de un documental con fines electorales, mismo que se proyectó con el tema Populismo en América.

Así lo dio a conocer durante la mañanera en palacio Nacional de este jueves: “Se va a presentar ante ustedes un caso que se denunciará ante la Fiscalía de Delitos Electorales y se dará vista al Instituto Nacional Electoral para que a efecto de que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales puedan determinar lo que conforme a derecho corresponda.

“El caso está relacionado con propaganda negra, con campañas negras orquestadas en el proceso electoral federal 2017-2018, particularmente con la construcción de la serie El populismo en América, orquestada a partir de dos personas en particular, Alejandro Jesús Quintero Íñiguez, por un lado, y, por otro lado, la empresa vinculada con el señor Piña.

“Quiero primero hacer un planteamiento primigenio, las reformas constitucionales de 2007 y 2014 establecieron las bases de las características actuales del sistema electoral mexicano, se reformó para ello el artículo 41 constitucional, entre otros, para señalar que los terceros no pueden contratar espacios en radio y televisión con fines electorales para beneficiar o perjudicar candidatos.

“Por otro lado, que el financiamiento público tiene que prevalecer sobre el financiamiento privado, como una regla de corte constitucional.

“Y, finalmente, que las campañas negras están prohibidas en el sistema electoral mexicano, esto a partir incluso de la reforma del año 2007.

“La reforma del 2014 estableció un procedimiento especial sancionador y una la sala regional especializada en el Tribunal Electoral para atender los casos de campañas negras.

“Sin embargo, más allá de la campaña negra en sí, existen implicaciones en el sistema electoral relacionadas con el financiamiento ilícito a las campañas electorales, que es uno de los delitos electorales consagrados por el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y, por supuesto, relacionados con el financiamiento, la facultad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

“En el ejercicio de los derechos constitucionales de presunción de inocencia, pero también de transparencia y rendición de cuentas, acceso a la información pública, se señala que la Unidad de Inteligencia Financiera trabaja a partir de dos modelos.

“Uno, reactivo, que tiene que ver con la presentación de denuncias o la solicitud de información por parte de las autoridades del Estado mexicano o, dos, proactivo, a partir de la generación de los modelos de riesgo relacionados con la información que se recibe del sistema financiero y del sistema no financiero.

“En ese sentido, se han desarrollado modelos de riesgo para atender temas vinculados con robo de hidrocarburos, temas relacionados con trata de personas y con financiamiento ilícito a las campañas electorales, del cual emanó este proyecto.

“No solamente se identificaron las dos personas mencionadas, también fue el apoderado legal de la empresa Telepersonal y entre los indicadores se estableció que este grupo recibió 47 millones 900 mil pesos provenientes de bufete de proyectos de información y análisis.

“Esta sociedad anónima también fue participe en la guerra sucia en contra del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El sistema financiero, estos son datos del sistema financiero, el sistema financiero reporta a las empresas antes mencionadas porque su operación está fuera de su perfil transaccional, porque las operaciones efectuadas de manera estructurada hacen que no haya permanencia de recursos en sus cuentas, lo cual implica una posible empresa fachada, que además ha sido utilizada para desviar recursos de los entes de carácter gubernamental.

“Se identificó por el lado del bufete de proyectos de información que recibió 186 millones de pesos provenientes de OHL México, además de dos mil 500 millones provenientes de la coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad del gobierno del Estado de México sin una aparente justificación, a partir de estos recursos que recibía el bufete eran entregados a las empresas que se encargaron de elaborar el proyecto de Populismo en América.

“Estamos investigando si también otros de los elementos relacionados con la campaña negra de 2017 y 2018 también provinieron de estas fuentes ilícitas de financiamiento.

“Se recibieron tres millones 600 mil pesos de servicios empresariales y 14 millones de servicios administrativos, Peñoles.

“El mapa que se está presentando da cuenta de cuáles son las redes del flujo de recursos, pensamos que la mejor forma de combatir muchos de los delitos es a partir de seguir la ruta del dinero.

“La ruta del dinero permite ver desde grupos empresariales, empresas de naturaleza privada, personas físicas que reciben el dinero para concentrarlo en dos personas en particular, que son las encargadas de, a partir de La Divina, generar el proyecto de Populismo en América.

“Primer planteamiento, la Ley en Materia de Delitos Electorales prohíbe de manera clara que exista financiamiento ilícito en las campañas electorales.

“Primero, de recursos procedentes de la delincuencia organizada.

“Segundo, por tener aportaciones mayores a las establecidas en la ley.

“Tercero, cuando existe una prohibición legal para que determinadas personas financien la campaña electoral atendiendo al principio de que el financiamiento público tiene que prevalecer en México sobre el financiamiento privado.

“En particular, encontramos que la propia Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíben que empresas particulares den recursos a las campañas electorales haciendo proselitismo en favor o en contra de candidatos en radio, televisión, y esto, además, es una violación al artículo 41 de la Constitución.

“Por tanto, se dará, por un lado, vista al Instituto Nacional Electoral para efectos de que en ejercicio de sus facultades de fiscalización determine lo que conforme a derecho corresponda.

“Se presentará la denuncia respectiva ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales por violación al artículo 15, presunta violación al artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

“Y, finalmente, se presentará también una denuncia por un eventual lavado de dinero en términos de nuestra legislación”.