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Investigan a 400 funcionarios que cobraban por miles de adultos mayores y fueron denunciados antes de la 4-T

Brutal fraude social

La subsecretaria de la secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, reveló que las autoridades investigan a un grupo de 400 funcionarios encargados del control de las tarjetas económicas para adultos mayores, pero aclaró que esta denuncia se hizo en el gobierno anterior.

Así lo dijo durante la mañanera de este martes: “Sobre denuncias de irregularidades que hayan existido en el 2018 en la administración anterior. Hay un caso sobre 400 funcionarios, promotores del programa en ese entonces, que tenían tarjetas, que las cobraban por los adultos mayores.

“El modelo que hoy se usa de trabajo en el territorio es un cambio sustancial. El adulto mayor antes iba a los centros, estos 350 centros de los que les hablé, se trasladaba de 88 mil localidades a esos 350 centros.

“Estos 13 mil centros integradores de los que habla el presidente, 10 mil puntos son los puntos donde hoy hacemos el operativo en efectivo; y el modelo del censo tiene la virtud de haber ido al domicilio de las personas, tomarles una fotografía, tomar su georreferencia y obviamente sus datos. De tal manera que es una gran virtud el modelo de trabajo territorial que el presidente ha instruido.

“Sin menoscabo de ello, nunca falta el que quiere engañar a los demás. Y les hacemos un llamado a los adultos mayores que los programas en general de Bienestar se registran a través del censo del Bienestar o en los centros integradores -ya en esta etapa que hay una apertura, todos los días se están abriendo centros integradores- que son los lugares en donde deben de acudir las personas a hacer alguna corrección, por ejemplo lo que comentábamos, alguien que aún no le haya caído su depósito, no sólo de la Ciudad de México sino de la República por esta inconsistencia de datos, por alguna situación, pueden ir a los centros integradores.

“Todos los trámites son gratuitos, ninguno tiene costo, y eso es muy importante que lo sepan los adultos mayores. De todos modos nosotros tenemos un mecanismo de supervisión que hacemos, muestral, para poder ver la consistencia de los pagos. Y todo este esfuerzo se hace… por eso el pago es bimestral, porque tenemos que hacer todo ese trabajo administrativo posterior al pago de los operativos.

“Y vamos a seguir atentos. De cualquier manera, cualquier denuncia que se presente la investigamos hasta sus últimas consecuencias, porque este programa está dirigido, esta pensión a los adultos mayores -que ya aquí lo ha expuesto el presidente- el valor fundamental que tienen para la sociedad. De tal manera, que donde haya alguna información también se los vamos a agradecer.

“E insistirles a los adultos mayores que los trámites son gratuitos, que son en la puerta de su casa o en el Centro Integrador para que se puedan hacer los trámites”.

INTERLOCUTOR: Sobre estos 400 funcionarios que cobraban a nombre de los ancianos, ¿ya se presentó una denuncia?

ARIANDA MONTIEL REYES: Ese procedimiento lo hizo la administración anterior, digamos, toda esa investigación fue un hecho que fue importante dentro de la operación del programa y dio pie a establecer controles dentro de los operativos y los pagos.

Por eso el esfuerzo de tener padrones con mucha transparencia, es un esfuerzo grande porque, insisto, por un lado, tenemos a las personas que carecen de datos correctos, algunos hasta de documentación. Tenemos 14 mil adultos mayores de más de 100 años en la pensión.

Entonces, hay una serie de circunstancias que rodean a los adultos mayores y que complican sus datos. Pero por otro lado tenemos, insisto, todo este esfuerzo territorial de hacerlo de una manera diferente. El Censo del Bienestar llega hasta este momento, ha visitado a siete millones de adultos mayores en su vivienda, otros han venido de los padrones del IMSS.

Entonces, esta es una gran virtud del censo que nos permite tener su fotografía, su fotografía cuando le entregamos su tarjeta, de tal manera que vamos a tener ese expediente electrónico que puedan revisar las autoridades fiscalizadoras en su caso.