*Si funciona, no lo arreglen, ¡mejórenlo!
El 11 de marzo de 2013 se presentaba la iniciativa para reformar nuestra Constitución Política en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. El anuncio provocó una generalizada opinión a favor por su ambiciosa propuesta legislativa, que tanto modificaba las estructuras regulatorias y las definiciones jurídicas aplicables en el sector, como proponía iniciativas específicas para impulsar su crecimiento y desarrollo sobre bases de competencia y simetría.
Amplios diagnósticos y dictámenes se conocieron y difundieron sobre dos de los obstáculos centrales que durante mucho tiempo habían bloqueado el mayor desarrollo del sector: la asimetría en las condiciones de operación por la alta concentración de la oferta en telecomunicaciones y en radiodifusión, y la debilidad orgánica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), unidad reguladora, cuyo desempeño operativo tuvo desde sus orígenes esa limitación.
Además de diagnosticar y reconocer ampliamente tal situación, la reforma planteó su enmienda justo con un cambio completo en las estructuras de regulación, el cual ahora contextualiza la nueva entidad dedicada en la más alta jerarquía institucional posible.
La creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como un órgano autónomo constitucional implicó que tanto sus facultades como sus resoluciones y dictámenes tengan un perfil superior, justamente los emanados de su propio perfil jurídico. En consecuencia, el desarrollo del sector se sustenta ahora a partir de la misma Constitución Política, y la promoción de la competencia para corregir las radicales asimetrías en las estructuras de sus mercados toman entonces esa misma solidez y solvencia institucional.
En esta nueva situación, la posibilidad de que el Instituto declare de inicio a los agentes dominantes en los dos sectores considerados, diseñe y les aplique la regulación asimétrica del caso, e incluso que pueda ordenar la desincorporación de activos para eliminar aquellos escenarios anticompetitivos que detecte, son acciones que pueden ser generadas con la fortaleza del mayor instrumento jurídico-político del que dispone el Estado mexicano.
De igual forma, la reforma asumió que las telecomunicaciones y la radiodifusión son un único sector industrial y de servicios; en consecuencia, su regulación debe asumir tal sinergia virtuosa y normarles bajo principios convergentes.
La aportación mayúscula de la reforma se cosecha en las definiciones jurídicas que se determinan y legislan en favor del interés mayoritario de la sociedad. En efecto, tanto las telecomunicaciones como la radiodifusión han sido ahora conceptualizadas como servicios públicos de interés general, cuya prestación garantiza el Estado. Tal designación no únicamente augura que ambos sectores aumenten su cobertura y lleguen a todo el conjunto social para que todos los mexicanos dispongan de ellas, sino que el Estado habrá de buscar que ese desarrollo se cumpla a cabalidad. Para ello dispone de la capacidad y facultad de ordenar y organizar todos los recursos públicos a su alcance, e incluso la contribución privada. Temas como el servicio universal o el relativo a la baja de tarifas para aumentar su accesibilidad social, tienen ahora asideros institucionales para cumplirse porque disponen de la garantía del Estado que los anima y protege.
Resalta desde luego el establecimiento del derecho constitucional de acceso a banda ancha, el cual sin duda debería ser motivo de distintas iniciativas gubernamentales, ausentes hasta la fecha al no contar con una política de transformación digital nacional que permita tanto su concreción operativa como opción real de conectividad de todos los mexicanos, como su aprovechamiento para un sinnúmero de aplicaciones en muy distintos temas, en especial aquellos de mayor impacto para el desarrollo individual y colectivo como las de educación, entrenamiento y capacitación, acciones que son necesarias en todos los grupos sociales.
Lograr que todos los ciudadanos disfruten de las ventajas del acceso y de servicios, contenidos y aplicaciones que coadyuven en su formación y crecimiento, es etapa fundamental para la conformación de capital humano y social, hoy recursos esenciales para fincar y conseguir un desarrollo económico consistente, asentado y sustentable.
Pero lo más relevante, a mi parecer, es que el IFT cuenta ahora con el recurso más valioso de la regulación: el capital humano, el personal especializado que hoy en día se conforma como el núcleo central sobre el cual estructurar la política regulatoria y su implementación ordenada y sistemática. Desde la creación de la Cofetel en 1996, se logró integrar algunos cuadros de distintas dependencias oficiales -como la Dirección General del Espectro Radioeléctrico, por ejemplo- y asimismo dispuso de la totalidad del personal del Instituto Mexicano de Comunicaciones (IMC), con el cual logró un posicionamiento sólido para desarrollar algunas acciones regulatorias sustantivas.
La emisión de los Planes Técnicos Fundamentales, instrumentos básicos para apuntalar la liberalización del mercado telefónico, pudieron concebirse y diseñarse mediante el concurso de varios ingenieros especialistas que se habían formado en el IMC y que ahora aportaban sus conocimientos y experiencia al nuevo organismo para la ejecución de sus tareas fundamentales.
Personalmente, fui parte de esos equipos y puedo atestiguar que la alta especialización y capacidad de sus miembros permitió no únicamente generar a suficiencia las plataformas teóricas y conceptuales necesarias para estructurar los reglamentos señalados; también conformar un cuerpo de funcionarios públicos capaz de interactuar con la industria para implementar efectivamente las medidas regulatorias debutantes que abrían brecha a la competencia telefónica. Disponer del recurso humano otorgó entonces una ventaja cualitativa que el IFT pudo capitalizar.
Los profesionales que laboran en el IFT se han cultivado en las materias y disciplinas asociadas al tema regulatorio de las telecomunicaciones y la radiodifusión, no solamente disponen de los conocimientos teórico-metodológicos propios y asociados a esa materia, también han aterrizado esa preparación en la resolución de asuntos concretos, inherentes a la realidad del mercado nacional de telecomunicaciones con resultados evidentemente positivos.
Como toda organización, el IFT puede mejorar y su evolución es obligatoria dado el dinamismo tecnológico de las telecomunicaciones y la radiodifusión, pero pretender fusionar al IFT con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en un sólo ente regulador multisectorial, como lo propone el senador Ricardo Monreal en su iniciativa para reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución, me parece un despropósito total que ponen en riesgo más de 24 año de formación de capital humano especializado en regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Más aún, eliminar el examen de selección de los comisionados para volver al esquema anterior a la reforma de 2013 pone en riesgo la autonomía de la institución, eliminando la especialización y generando un cuello de botella al contar, de acuerdo con la propuesta del senador, con tan sólo cinco consejeros, que tendrían que atender y procesar miles de asuntos de materias tan diversas como lo son la energía y las telecomunicaciones (y radiodifusión), así como todos los asuntos de competencia de todos los sectores económicos del país.
Mi conclusión y recomendación sería: ¡mejórenlo, pero no lo descompongan!