Aplican a su antojo la ley
El presidente Andrés Manuel López Obrador escuchó atento, y aparentemente interesado, la grave y totalmente documentada denuncia que planteó públicamente una reportera en la mañanera, quien reveló la forma en que mafiosamente opera un grupo de jueces al interior del Poder Judicial, desde donde aplican a su antojo la ley para obtener jugosos negocios.
Aquí los hechos textuales.
PREGUNTA: Gracias, presidente. Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones.
Presidente, tenemos una investigación del Poder Judicial y la Judicatura, que nombramos Inimicus curiae, o enemigos de la corte, contrastando de manera evidente con la famosa figura amicuscuriae. Dicha investigación es similar a lo que sucedió en Colombia con el Cártel de la Toga; sin embargo, los daños causados al erario y a las empresas mexicanas son extraordinariamente mayores que en Colombia.
De la investigación se derivaron conclusiones que permiten señalar con nombre y apellido a jueces del Poder Judicial y el papel que desempeñan dentro de una red de tipo delincuencial que, por cierto, no es exclusiva a un grupo específico de despachos o intereses en sí, sino que sus servicios suelen ofertarse al mejor postor a través de secretarías y proyectistas de los mismos juzgados a los despachos más afines, al que pague más o al que les reditúe más políticamente.
Como resultado podemos citar con pruebas algunos de los ejemplos de quienes operan en este cártel de la toga mexicana. Permítame citarle, brevemente, sólo a cuatro de muchos más jueces, que son los protagonistas principales de esta trama:
El juez quinto de distrito del Área Civil del Primer Circuito con sede en San Lázaro, cuyo titular es el juez Alejandro Dzib Sotelo, que funge como el santo patrono de las medidas cautelares, mismo que ha usado y abusado de esa figura otorgando medidas que han afectado a trabajadores, empresas mexicanas, pero sobre todo a la hacienda pública, desviando dinero del erario y obligando al gobierno mexicano a realizar pagos excesivos o creando enormes contingencias en dependencias y secretarías, siempre con base en acciones ilícitas o ambiguas.
Prueba de ello son las actuaciones de los procesos civiles 446/2017, donde benefició a la perforadora Oro Negro, y el proceso 170/2017, en el que benefició a los intereses de una empresa extranjera de nombre Coastal Contract.
Tanto Oro Negro como Coastal Contract tienen aperturadas varias carpetas de investigación por delitos que van desde el fraude, falsedad en declaraciones ante el juez, fraude procesal y evasión fiscal, entre otros. Pese a ello, dicho fiscal quinto no sólo eso ha permitido, sino que coadyuvado e impulsado la materialización de estos ilícitos.
Otros casos revelados bajo protesta sospechosa y a la sombra de este mismo son los juicios del Cruz Azul y Radiopolis, por citar tan sólo otro par de ejemplo.
Otro sería el juez Guillermo Campos, quien es el rey de las suspensiones de amparo, quien, junto con el juez quinto antes mencionado, han hecho mancuerna y secundado para que las medidas cautelares del primero perduren para que continúen de manera de tracto sucesivo.
Las ilegales determinaciones de la primera instancia, este juez acaba de ser removido del juzgado 4º al noveno del primer circuito. Pero entre sus polémicos asuntos se encuentran muchos que están ligados al juez Dzib, así como también en asuntos espinosos como en el fraude de ahorradores de Ficrea o el de soportar fideicomisos fraudulentos manejados por CI Banco, entre muchos otros.
Probando esto, resultan los nuevos nombramientos de los juzgados concursales de reciente creación, donde el nombramiento del juez segundo concursal resulta sospechoso, al provenir de un juzgado de Naucalpan, desde donde se protegen infinidad de intereses de un sector del empresariado internacional.
Cierro los ejemplos con la mención del magistrado Francisco José Huber Olea, otro quien también pertenece a esta red y está vinculado en varios procesos con los jueces anteriormente mencionados y que se hiciera famoso por el asunto del periodista Sergio Aguayo.
En total, en la red que nosotros detectamos operan 12 jueces a nivel nacional y al menos ocho magistrados. Como importante dato de los ejemplos antes mencionados, las afectaciones a los trabajadores a empresas mexicanas, pero sobre todo a la hacienda pública podrían alcanzar los dos mil millones de pesos.
Para poder comprobar esta investigación de corrupción dentro del Poder Judicial tuvimos que infiltrarnos varios compañeros comunicadores, y no está de más decirle que tenemos todas las pruebas de ello y las queremos poner a su disposición y al pueblo mexicano.
Mencionar que la corrupción en este asunto no es carácter único, sino de tracto sucesivo, por lo que en ello actúan diferentes jueces, magistrados e instancias relacionadas con varias sospechas de abogados.
Es muy importante señalar que ante las desfachatadas acciones corruptivas de esta red judicial hay diferentes tipos de reacción por parte de instancias gubernamentales:
Hay los que valientemente las enfrentan y combaten, evitan dentro del margen legal su posible aplicación, como sucede con la Secretaría de Marina, la ASEA o el SAT.
O las que de manera sospechosa se allanan, las impulsan o abiertamente las apoyan, como suele suceder en ocasiones con las entidades gubernamentales relacionadas con temas energéticos, en especial Pemex.
Presidente, ¿está usted de acuerdo que a través del titular de la Segob se proceda a revisar los resultados de la investigación que hemos realizado y así recuperar para los trabajadores, las empresas afectadas y la hacienda pública por parte de la riqueza que de manera ilícita e ilegal estos jueces han desviado y operado desde sus cargos en el Poder Judicial y que han ejecutado en gran detrimento de las arcas de la nación y la sociedad mexicana, favoreciendo a intereses de grandes capitales extranjeros?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Yo te propondría que nos entregues la información y hacemos el compromiso de que el gobierno, el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación vamos a hacer llegar ese expediente a la instancia encargada que tiene el Poder Judicial, que es el Consejo de la Judicatura, que son gentes serias y honestas, y ellos pueden ayudar en la investigación.
Y esa es su función del Consejo de la Judicatura, el cuidar el buen comportamiento de jueces, de magistrados, de ministros. Entonces, vamos a entregarles a ellos formalmente y te vamos a entregar una copia del oficio que se va a remitir.
30/05/2022