Acusan en el Senado
En México se vive una auténtica tragedia social, pues en lo que va de este sexenio que encabeza Andrés Manuel López Obrador, se han registrado 40 mil personas desaparecidas, lo que, sumadas las que se vienen arrastrando de los sexenios anteriores, suman un total de poco más de 112 mil, afirmó la senadora Xóchitl Gálvez Ruíz.
Añadió que la indiferencia de las actuales autoridades para enfrentar este grave problema que padecen cada vez más familias, ha generado otro problema de pobreza que enfrentan los familiares, porque al no tener el apoyo del gobierno, tienen que desprenderse de su patrimonio para seguir buscando a sus seres queridos.
“Este escenario indigna”, señaló Gálvez Ruiz, pues "buena parte de ellos se explican por la fallida Estrategia Nacional de Seguridad Pública instrumentada por el actual gobierno, que ha permitido a los grupos del crimen organizado realizar sus actividades con toda impunidad, desatar la violencia y la inseguridad a lo largo y ancho del país. De ese tamaño es la trtagedia humanitaria que parece no tener fin este padecimiento social".
Por eso hizo un llamado a que se otorgue todo el apoyo que requieran los colectivos de víctimas dedicados a la búsqueda de sus familiares desaparecidos, así como brindarles las medidas de protección integral para garantizar su seguridad personal y para el desarrollo de sus actividades.
En este sentido, enlistó un punto de acuerdo en la Gaceta de la Comisión Permanente, para solicitar a los titulares de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, que a los colectivos se les permita el acceso a zonas en donde hasta la fecha se les ha restringido la tarea de búsqueda, con todas las medidas de protección que corresponda.
La legisladora del PAN también pidió que se les permita tomar muestras de tejido para obtener el ADN de los restos humanos que se encuentran en fosas comunes, con el acompañamiento de las autoridades y los protocolos establecidos, a fin de enviarlas a organismos especializados en el extranjero y compararlos con la base de datos gubernamentales, así como con las que disponen los propios colectivos.
Gálvez Ruiz consideró indispensable que las juntas de Coordinación Política de las cámaras de Diputados y de Senadores incluyan en la agenda legislativa, del Periodo Ordinario de Sesiones que inicia en septiembre, el análisis y, en su caso, modificación del marco legal, a fin de reducir los plazos para declarar a una persona legalmente desaparecida, con objeto de ayudar a los familiares de las víctimas en procesos normativos y legales.
De igual forma pidió destinar mayores recursos humanos, materiales y financieros, a efecto de realizar acciones efectivas de búsqueda y localización de personas desaparecidas en el territorio nacional, así como incrementar la identificación de restos de personas fallecidas que se encuentran en poder de las autoridades forenses federales.
Enfatizó que la impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas, pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, así como a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos.
Refirió que esa fue una de las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, en su informe dado a conocer en abril de 2022. “Y es que la impunidad en el tema de las desapariciones es casi absoluta”, indicó.
De acuerdo con la información proporcionada por el Estado mexicano al Comité, sólo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre dos por ciento y seis por ciento, habían sido judicializados, y únicamente se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional.
La senadora manifestó que un aspecto central de esta problemática, denunciado por los colectivos de búsqueda y referido en el informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, es la crisis forense existente en el país, donde las autoridades del Estado mexicano mantienen bajo custodia más de 52 mil cadáveres pendientes de identificación.
En el punto de acuerdo, que fue turnado a la Primera Comisión de Trabajo, Xóchilt Gálvez Ruiz enfatizó que acompaña la lucha de las mujeres buscadoras, labor que no deberían realizar, si tuviéramos servidores públicos que hicieran correctamente su trabajo, pero que desafortunadamente han tenido que enfrentar ante la incompetencia de las autoridades.