El Congreso de la Ciudad de México aprobó con 56 votos a favor el dictamen para reformar el Artículo 95 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, por el cual las y los funcionarios públicos capitalinos deberán entregar informes de gastos y de resultados a la Secretaría de la Contraloría capitalina, cuando realicen viajes oficiales, ya sea en territorio nacional o internacional.
El diputado Ernesto Alarcón Jiménez, a nombre de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, expuso que dichos viajes que realizan funcionarios públicos titulares de dependencias del Gobierno de la Ciudad y de órganos desconcentrados, son en beneficio de las y los habitantes del país.
“Sin embargo, muchas veces son mal interpretados o utilizados para la justificación de viajes personales o vacacionales con cargo al erario público”.
“Por eso se buscan mejorar los mecanismos de control, seguimiento y verificación, a fin de evitar lo mencionado. La propuesta se encamina a que los servidores que realicen viajes oficiales remitan un informe del propósito del mismo, los gastos efectuados y los resultados obtenidos, tanto al Congreso capitalino como a la Contraloría central, esta última dependencia, es la que se pretende incluir en el Artículo 95 de la Ley de Austeridad”, detalló el legislador integrante del grupo parlamentario del PRI.
Alarcón Jiménez agregó que a la Secretaría de la Contraloría de la CDMX le corresponde fiscalizar el control interno y la evaluación gubernamental, así como investigar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la administración pública.
“Por lo tanto es pertinente que esta Secretaría conozca el resultado y los gastos erogados por personas servidores públicos que realizan un viaje oficial. También es preciso mencionar que el dictamen va a acorde al Artículo 3 de la Constitución local que establece la transparencia y la rendición de cuentas con el control de gestión y evaluación”, añadió Alarcón Jiménez.
El dictamen se remitió a la Jefa de Gobierno para su promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.