Hace algunas semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador escuchó atento la denuncia de una injusticia que sufre mujer acusada de delitos que no cometió, reseñados en la mañanera por Ramón Flores, del portal Centinela Informa, pero hasta el momento no se ha dado respuesta a la clemencia de la víctima.
Así ocurrieron aquellos hechos y así se le presentaron al mandatario:
“Este es un caso grave también de mujeres que le voy a presentar. Presidente, hace un año y medio le dimos a conocer aquí el caso de Claudia Sánchez Mayorga, que la antigua Procuraduría General de la República la metió a la cárcel desde el 2013 en el reclusorio de hombres, en Nayarit, embarazada.
Le quitaron la matriz, le quitaron a su hija y no tiene sentencia a la fecha, es una presunta responsable.
Quien realmente la metió a la cárcel, a Claudia, fue la supuesta defensora de mujeres Teresa Ulloa, que resultó no tener ni cédula profesional, pero informó que llevan 99 casos en los tribunales federales con la Fiscalía General de la República y que el presidente Peña la postuló como pedagoga a la comisión de víctimas.
La víctima que está presa, Claudia, tiene dos cédulas profesionales, una en administración y otra de profesora, pero está en la cárcel.
Teresa Ulloa recibió recursos federales de Indesol y locales que están en total opacidad, manipuló a supuestas víctimas y a funcionarios de la Procuraduría General de la República y del Poder Judicial, sólo para cobrar 4.2 millones de pesos.
También está involucrado Santiago Enrique Rolando, que era un policía federal corrupto, sembraba drogas y armas a sus víctimas. Ya está tras las rejas, pero en su informe del 2013 a la Procuraduría General de la República dice que Claudia era manager. ¿Eso es delito o cómo se sustenta ese dicho?
Ahora, se le ocultan los expedientes a la víctima e inclusive su historial médico del Cefereso de Nayarit donde fue torturada. En un momento más le voy a entregar los documentos, presidente, que acreditan la investigación.
Presidente, la pregunta es: ¿estaría de acuerdo que Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República investigue a los ministerios públicos?
Y si el subsecretario Alejandro Encinas le pueda dar una audiencia a quien la víctima determine.
¿Y con los datos que le estoy entregando se puede investigar a través de la UIF, a la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República a Teresa Ulloa?
¿Y podría usted apoyar a la víctima para que le entreguen su expediente, para que tenga una debida defensa?”
Esa fue la denuncia y la petición que, hasta el momento, no ha tenido respuesta en las mañaneras.