La Unidad de Inteligencia Financiera va tras 11 personas físicas y 33 morales, como consecuencia de la sexta denuncia que acaba de presentar contra el ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin, por actos de corrupción y desvío de dinero público.
Así lo informó este domingo el temible organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México al dar a conocer que presentó formalmente otra denuncia en contra del exfuncionario implicado en el caso de Odebrecht.
A Lozoya se le acusa de haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de contratos de obras públicas en los estados de Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz.
En otro juicio se le acusa por comprar presuntamente la planta inservible de fertilizantes Agronitrogenados al director de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, a cambio de un soborno que utilizó para la compra de lujosa residencia casa en la Ciudad de México.
La Unidad de Inteligencia Financiera identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex entre los años 2012 y 2016, por medio de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht por millonarias cantidades de dinero que se integraron en tres niveles de operación para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas.
También detectó que en el primer grupo de operaciones las empresas fueron receptoras de los recursos públicos erogados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada y todas ellas guardan relación con Odebrecht.
Con esa línea da seguimiento a una empresa cuyo nombre por el momento se guarda momentáneamente en confidencia, a la cual entre 2014 y 2016 se le realizaron transferencias por más de 3 mil millones pesos, supuestamente por la prestación del servicio de "construcción" a favor del gobierno federal.
Sin embargo, se encontraron evidencias de que dichos servicios no fueron realizados, por lo que posiblemente fue parte de la mecánica de las operaciones.
Además, La UIF detectó un segundo grupo de empresas que recibieron recursos del primer grupo para transaccionar y estratificar los fondos mediante un esquema de triangulación de recursos, para posteriormente enviarlos a empresas con características de fachada.
Dichas empresas se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos, por medio del retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios, como Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México.