Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dejó en claro que sobre advertencia no hay engaño y con ello anunció que durante este año será intensa la campaña contra los falsificadores de facturas y los empresarios que se organizan con ellos para defraudar al fisco de la federación.

Así lo dijo durante la mañanera del miércoles pasado en Palacio Nacional: “La participación de la Procuraduría Fiscal en este tipo de asuntos será precisamente el recibir las vistas que den, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el SAT, para poder iniciar las investigaciones respecto a defraudación fiscal y poder presentar las querellas respectivas en donde podamos acreditar.

“Por un lado, buscaremos la defraudación fiscal, pero sobre todo la delincuencia organizada en este tipo de asuntos conforme a las reformas aprobadas el año pasado y que entraron en vigor a partir del 1º de enero de este año.

“Precisamente, lo que se busca es erradicar es el outsourcing ilegal. Y es precisamente a través de la reforma que se aprobó y que entró en vigor en este año donde podemos ver los riesgos que tienen, tanto los contribuyentes que contratan el servicio de outsourcing como las empresas que prestan el servicio de outsourcing.

“La reforma precisamente va encaminada a castigar como delincuencia organizada y perseguir como delincuencia organizada a todas esas empresas que dan el servicio de outsourcing ilegal; es decir, tres o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas como en este caso es la defraudación fiscal, es decir, constituyen diversas cantidades de empresas cuyo único objeto es no pagar las cuotas de seguridad social, no pagar las cuotas del IMSS, no pagar las cuotas del Infonavit y minimizar la carga tributaria o desaparecer cualquier relación laboral que pudiera haber.

“Al que compra el producto también puede ser catalogado como delincuencia organizada, pero a ese tipo de contribuyentes, si se acercan ante la autoridad, tiene oportunidad de regularizarse.

“Es muy importante que quede claro: al que contrata este tipo de servicios, corre riesgos.

“¿Qué riesgos puede correr?

“De que se inicie una investigación contra él, que se presente una querella respectiva, que se gire orden de aprehensión y que pueda ser sancionado hasta con 14 años de prisión por contratar este servicio. Es muy importante que se acerquen ante la autoridad para regularizarse.

“Al delincuente organizado que da este servicio y que presta este servicio ilegal puede ser sancionado con prisión preventiva oficiosa, pero sobre todo puede ser condenado hasta 20 años de prisión. Es muy importante que dejen de prestar este servicio legal.

“Sí hay sanciones. Esto ya cambió, esto es uno de los principios de la Cuarta Transformación y que tenemos que seguir al pie de la letra. No podemos permitir el que sigan estas prácticas ilegales, pedimos que se acerquen.

“Tenemos un caso que dimos a conocer a finales del año pasado donde empresas que habían comprado facturas ilegales se acercaron a regularizarse y pagaron más de dos mil millones de pesos. Nosotros exhortamos a los que llevaron a cabo y que recibieron este servicio en años anteriores que se acerquen y se regularicen. Quien recibe este servicio a partir de este año corre el riesgo de ir a la cárcel y de que no tenga derecho a fianza, y poder ser sancionado con más de 14 años de prisión.

“Estos esquemas son esquemas precisamente a una variante de las empresas de factureros. Aquel que reciba o que facture servicios por planes de pensión, que es un esquema con el que manejan, un esquema de alimentos, un esquema de derechos de autor tratando de esconder una relación laboral, tratando de no pagar estas cuotas de seguridad social o estos impuestos que se generan, pueden caer en delincuencia organizada y pueden ir a la cárcel.

“Exhortamos a todas esas personas que ya no hagan uso de este servicio de outsourcing o de tercerización hacia adelante; y los que lo hicieron hacia atrás, se acerquen ante el SAT, se acerquen ante el IMSS, se acerquen ante la Procuraduría Fiscal a regularizar su situación”.

01/15/2020

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