Ante indiferencia oficial
La diputada federal Ana Karina Rojo Pimentel planteó exhortar a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Cultura, así como al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para que refuercen y hagan valer los instrumentos internacionales de protección de los que México es parte, para combatir la venta de piezas arqueológicas en el extranjero.
En un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Cultura y Cinematografía, refirió que en los últimos cinco años el INAH ha presentado 21 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la venta ilegal de piezas arqueológicas que se ofertan y subastan en páginas de Internet o incluso en redes sociales, piezas arqueológicas sin ninguna restricción.
Por ejemplo, dijo, en Jalisco una página de subastas puso 41 objetos arqueológicos en dicho portal. En Facebook en “Bazar Pulga”, el INAH detectó una venta ilegal de una figura antropomorfa en Colima, así como en varios estados de la República.
El pasado 18 de septiembre, la casa francesa de subastas Millon puso en venta 95 piezas arqueológicas pertenecientes a las culturas teotihuacana, olmeca y maya, así como de los estados de Guerrero y Oaxaca, colección que superó el millón 200 mil euros, alrededor de 25.6 millones de pesos.
La diputada mencionó que el saqueo es, desafortunadamente, uno de los principales enemigos del patrimonio de los pueblos, porque impide la investigación para conocer el contexto real de los materiales culturales.
“El afán por coleccionar sigue causando grandes daños al patrimonio arqueológico, personas ambiciosas sin escrúpulos estafan con falsificaciones o fomentan el saqueo de sitios arqueológicos por campesinos pobres, que en esa actividad encuentran un complemento a su precaria economía”, alertó.
Ante ello, se manifestó para que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, establezca de inmediato comunicación con los órganos internacionales correspondientes para hacer valer los instrumentos de los cuales México es parte, señalando además que Francia es de los países que signan esta convención, ratificándolo en enero de 1997.
Rojo Pimentel relató que el artículo segundo, fracción primera del instrumento citado dice: “Los Estados parte reconocen que la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de los bienes culturales constituyen una de las causas principales del empobrecimiento del patrimonio cultural de los países de origen de dichos bienes, y que una colaboración internacional constituye uno de los medios más eficaces para proteger sus bienes culturales respectivos contra todos los peligros que entrañan aquellos actos”, abundó.