Severo reproche de especialistas

Aida Hernández Castillo, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), expuso que a través de diversos foros integrantes de la academia han expresado sus preocupaciones ante este proyecto de Ley sobre ciencia y tecnología que se analiza en el Senado. 

Durante su participación en un foro sobre el tema, la académica comentó ante legisladoras, en tono de reproche, que sus aportaciones no se tomaron en cuenta en abril pasado, cuando la Cámara de Diputados aprobó las reformas a diversas disposiciones de dicho ordenamiento.

“Esperamos que aún sea tiempo de que el Senado escuche nuestras voces y pueda representarnos en el Congreso con la efectividad que necesita el país”, expuso.

Por su parte, Olivia Joanna Gall Sonabend, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencia y Humanidades, señaló, también en tono de reproche, que “la ley que analizan no hace honor al mandato constitucional de contar con una ley en la que el Ejecutivo Federal deje de tener tanto peso en la toma de decisiones, pues aún le da un poder de decisión ampliamente mayoritario”. 

Esto, precisó, en demérito de los poderes ejecutivos estatales y de otras instituciones federales, ya que en el “Consejo de Estado para la Investigación Humanística y Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, participan con voz y voto 17 representantes del Poder Ejecutivo Federal, incluido el Conacyt, mientras que sólo hay entre cinco y 10 representantes de los poderes locales”. 

Además, dijo Joanna Gall, la presencia de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en el Consejo es preocupante, porque a pesar de que se fomenta la innovación e investigación científica en algunas de sus áreas, las razones militares podrían imperar en la toma de decisiones de la política científica del país y disminuir los escasos fondos estatales destinados a la ciencia. 

En su oportunidad, Marcia Hiriart Urdanivia, del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, expuso que el proyecto que envió la Cámara de Diputados básicamente supedita la libertad de investigación a una agenda y a un Consejo de Estado que determina las prioridades y el financiamiento. 

Precisó que también se contrapone con la libertad y autonomía en la investigación, omite el concepto de la ciencia básica y no reconoce su función como generadora de nuevo conocimiento, lo que es muy grave para todos los científicos. 

En el encuentro también participaron Martha Patricia Ponce y Jorge Alonso Sánchez, profesores investigadores del CIESAS; Violeta Gleaves López, secretaria del Sindicato del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y Julio Antonio García Palermo, secretario General del Sindicato del CIESAS.

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