Deberá pagar cientos de millones de dólares
*Tan delicado asunto pasa de noche en el país
*Sigiloso manejo de la titular de Economía
Por Sergio Ramírez Zúñiga
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrenta al menos 18 procesos de arbitraje promovidos por empresarios y corporativos transnacionales, por presuntas violaciones al Capítulo Once del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y diversas disposiciones del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIs).
Las demandas incluyen el pago de indemnizaciones por cientos de millones de dólares, en el supuesto de que el Estado mexicano pierda los casos.
En la práctica se trata de juicios mercantiles que se llevan a cabo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial con sede en Washington.
La Secretaria de Economía documentó las fichas técnicas de cada una de las demandas, cuatro de las cuales fueron presentadas durante el año 2019, y el resto del total de demandas quedó como “herencia” del gobierno peñista, pues datan desde 2014 y años siguientes.
Un caso a destacar es la ficha técnica del 9 de enero de 2019, donde la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, Inc., a nombre propio y en representación de la empresa mexicana Exploraciones Oceánicas S. de R.L. de C.V. (ExO) presentó la notificación de intención de someter una reclamación de arbitraje porque México violó los Artículos 1102, 1105 y 1110 del TLCAN. Argumenta que haber sufrido pérdidas en una cantidad no menor a 3,540,000,000 (tres mil quinientos cuarenta millones de dólares).
Asimismo, la ficha técnica del 14 de marzo de 2018 refiere que un número de 31 supuestos inversionistas de Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, S.A.P.I. de C.V., presentaron una notificación argumentando que México violó los artículos 1105 y 1110 del TLCAN. Afirman ser nacionales de los Estados Unidos de América, y que controlan el 99.9% de Perforadora Oro Negro, S. de R.L. de C.V., subsidiaria de Oro Negro (Perforadora Oro Negro o Subsidiaria) que aparentemente es dueña de cinco plataformas marítimas de perforación que arrendó a Petróleos Mexicanos.
Alegan que en 2017 Pemex dio por terminados los contratos de manera anticipada. Y el 19 de junio de 2018, formalizaron la notificación de arbitraje. Oro Negro busca una compensación de aproximadamente 700 millones, más los intereses de esta suma y cualquier costo y gasto asociado.
Otro caso tiene fecha del 27 de abril de 2016, cuando los empresarios Jorge Luis Blanco y Joshua Dean Nelson, a nombre de Tele Fácil México S.A de C.V. presentaron una Notificación de iniciar un procedimiento arbitral.
El 27 de septiembre de 2016, Tele Fácil ratificó la Notificación de Arbitraje asegurando que México violó los principios de los artículos 1105) y 1110 del TLCAN. Tele Fácil reclama el pago de daños por 500 millones de dólares, más intereses, costas y otros gastos que deriven del arbitraje.
El 3 de septiembre de 2018, las empresas Legacy Vulcan y Calica presentaron una notificación de intención de someter una reclamación a arbitraje en contra del Gobierno de México al amparo de la Sección B del Capítulo XI del TLCAN.
Legacy Vulcan es una empresa constituida en Estados Unidos y cuenta con inversión en Calica dedicada a la extracción de piedra caliza en el Estado de Quintana Roo para abastecer su exportación a EEUU.
Argumentan que México violó los artículos 1102, 1103, 1105 y 1110, por lo que exigen la reparación de daños por 500 millones de dólares, aproximadamente.
Entre otros casos sobresalientes, el 3 de diciembre 2014, a raíz de la investigación penal y del concurso mercantil iniciado a la empresa Oceanografía S.A. de C.V., la PGR y el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el D.F., aseguraron los buques “Caballo Marango” y “Caballo Maya” y los dejaron bajo la administración del SAE.
En tal virtud, las empresas Shanara y Marfield iniciaron un arbitraje el 18 de junio de 2015 en contra de México al amparo del APPRI con Panamá, reclamando la devolución de las embarcaciones, más los daños causados, los cuales ascienden a $80 millones de dólares o, en caso de que las embarcaciones no le sean devueltas, el pago de $328 millones de dólares.