Reconoce titular de la CNDH

La reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 fue trascendente, pero aún falta mucho para asegurar su plena vigencia, por lo que es compromiso de muchas y muchos lograr que esto sea una realidad, consideró la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra. 

Al inaugurar el conversatorio Avances y Retos en la Implementación de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, a 10 años de su promulgación, indicó que, aunque esta modificación permitía ampliar el mandato de la CNDH, al incorporarse el principio pro persona en la defensa y promoción de los derechos humanos, “ha sido dejada de lado en la práctica, por lo que se hace necesario tomar medidas para armonizar la Ley de este Organismo Nacional”.

Piedra Ibarra indicó que desde que asumió el cargo se determinó que en todas las acciones de la CNDH debe prevalecer el interés de las víctimas y de todas aquellas personas en riesgo de serlo, así como el rescate y la plenitud de la vigencia del principio pro persona.

“La de 2011 ha sido una reforma que hemos venido afianzando, no sólo mediante nuevas prácticas e incluso una nueva interpretación de nuestro rol constitucional, que tiene como fundamento la cabal observancia del artículo primero de la Constitución, sino mediante todas las reformas posibles a nuestra normatividad interna, como la reforma del Reglamento Interior de la CNDH”, precisó. 

En su oportunidad, el representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, dijo que la reforma de junio de 2011 “permitió operar un cambio profundo en el funcionamiento del Estado mexicano y, 10 años después, la propia Constitución y diversas leyes han sido modificadas significativamente para incrementar la protección de los derechos de las personas, las comunidades indígenas, el acceso al agua y el derecho a la información, entre otras prerrogativas”. 

Sin embargo, agregó, que aún persisten retos en esta materia como el arraigo, la prisión preventiva oficiosa o la disposición de las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, por ello, destacó que el rol de la CNDH ha sido y seguirá siendo fundamental por su capacidad de atender casos concretos de violaciones a derechos humanos.

Indicó que este conversatorio es una oportunidad para recordar los esfuerzos realizados por diversas instituciones, incluida la propia CNDH, “para difundir la reforma constitucional y capacitar a miles de funcionarios sobre los cambios que dicha modificación normativa ha implicado”.

A su vez, el secretario Ejecutivo de este Organismo Nacional, Francisco Estrada Correa, subrayó que este encuentro es el marco propicio para reflexionar el trabajo que “aún nos queda por realizar a cada una de las Instituciones participantes, para consolidar la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, lo que requiere redoblar esfuerzos y capacidades institucionales para alcanzar este objetivo”.

Precisó que la propuesta de hacer de la CNDH una defensoría del pueblo no rompe la tradición del Ombdusperson, al contrario, “es en realidad, la reivindicación del ejercicio pleno del Artículo 1º Constitucional, algo que las víctimas necesitan, y además nos lo reclaman”, y reiteró que este Organismo seguirá ejerciendo de manera integral las facultades otorgadas por la Reforma Constitucional en sus tareas de protección y defensa de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos.

El oficial de Derechos Humanos de la Oficina Internacional, Alán García Campos expuso que esta reforma fue producto de la lucha de los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, y lanzó un llamado a fortalecer los mecanismos de inclusión, para asegurar su participación en el diseño e implementación de políticas públicas que favorezcan a quienes han sufrido algún agravio. 

Por su parte, el director general de I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, resaltó la importancia de que los servidores públicos “incorporen en el bagaje de derechos humanos plasmados en la reforma constitucional y en los instrumentos internacionales en su trabajo”. 

Finalmente, la subdirectora general de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Daniela del Carmen Suárez de los Santos, expresó que la institución que representa ha jugado un papel fundamental en la puesta en práctica de la citada reforma constitucional, al emitir criterios y herramientas novedosos para defender de mejor manera los derechos humanos en el país.

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