Ciudad de México, 5 de septiembre de 2019.- Más de siete millones de personas con discapacidad que viven en México sufren diversas formas de discriminación y violaciones a sus derechos fundamentales.
Rezagos en materia de salud, educación, movilidad, inclusión laboral, y participación política, son algunos de los problemas que cotidianamente enfrenta esta población.
Entre las razones del atraso está el hecho de que el Estado mexicano no cuenta con una organización institucional que le permita atender el tema desde una perspectiva de derechos humanos.
El colectivo #Artículo 33 que agrupa a organizaciones de y para personas con discapacidad, y otros expertos en la materia, solicitaron al titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Aarón Mastache, que el Consejo Nacional para la Inclusión al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (CONADIS) sea sectorizado a dicha Secretaría.
Argumentaron que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (APF) confiere a Segob la tarea de dirigir la política de derechos humanos en México, lo que debiera incluir la atención a la población con discapacidad, en razón de que la discapacidad es un asunto de derechos humanos.
Expusieron también que se requiere del liderazgo de Gobernación para la implementación transversal de la Convención, en coordinación con los estados y municipios, así como con los poderes legislativo y judicial, algo que no se ha logrado hasta ahora.
En ese sentido, puntualizan que este cambio no implicaría un gasto adicional de recursos públicos, ni la creación de un nuevo organismo, sino la sectorización a Gobernación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), organismo que ya existe y cuenta con su propio marco legal, pero que actualmente está sectorizado a la Secretaría de
Bienestar, donde se ha dado al tema un perfil asistencial, el cual no sólo se queda corto, sino que implica una regresión con respecto al cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano para garantizar el acceso de esta población al ejercicio de sus derechos.
La propuesta apunta hacia la posibilidad de implementar un mecanismo de coordinación -como han hecho otros Estados parte de la Convención- para que cada instancia de gobierno, en su respectivo ámbito de competencia, cumpla con sus obligaciones y ejecute las tareas que le corresponden para hacer efectivos los derechos a la accesibilidad, a la educación, a la salud, a la vida independiente, el
acceso a la justicia, el derecho a la familia, el reconocimiento y ejercicio de la capacidad jurídica, y otros derechos, en igualdad de condiciones con el resto de la población.
El Ing. Mastache reconoció que hasta ahora el tema de los derechos de las personas con discapacidad no estaba en la consideración ni en la agenda de Segob. Mencionó que la Secretaría acaba de pasar por una reestructuración y cuenta con un nuevo reglamento en el que no aparece el tema.
Sin embargo, después de escuchar a los activistas, comentó: “Hago conciencia que que este tema es de la mayor importancia y trascendencia”, e interpretó acertadamente la petición del colectivo: que éste debe ser atendido “desde un nivel institucional que le dé unidad a una política pública”.
Actualmente, la Subsecretaría de Derechos Humanos está llevando a cabo foros temáticos para la conformación del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019 - 2024, en los cuales, los derechos de las personas con discapacidad solo se han abordado en el foro, organizado conjuntamente con CONAPRED, sobre igualdad y no discriminación, cuando debería ser uno de los ejes principales de
dicho Programa, destinado a asegurar la gestión de políticas públicas en materia de derechos humanos en nuestro país.
El colectivo #Artículo33 reconoció que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha colocado como uno de los programas prioritarios de su administración las pensiones o transferencias directas de recursos a personas con discapacidad, en particular a niños y jóvenes indígenas en pobreza; sin embargo,
señalaron que hace falta complementar ese programa, a cargo de la Secretaría de Bienestar, con políticas públicas que impulsen el desarrollo y la inclusión de la totalidad de la población con discapacidad en todos los ámbitos de la vida nacional.
Después de escuchar sobre las diversas situaciones de exclusión que enfrentan cotidianamente las personas con discapacidad y sus familias, el funcionario señaló: “Está clarísimo para mí que la inclusión no es solamente la pensión”; sin embargo, advirtió que una definición como la que el colectivo puso sobre la mesa debe ser tomada al más alto nivel, porque sin duda, dijo, “es una definición política importante que obliga al cambio de cómo ver las cosas”.
Se comprometió a llevar la petición ante el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, a fin de que llegue al más alto nivel.
“Hemos enfrentado condiciones de discriminación estructural que nos han dejado atrás, rezagados y excluidos”, señalaron los activistas, “queremos ser parte de este cambio de régimen; la 4ta. Transformación no estará completa sin las personas con discapacidad”.
La inclusión de las personas con discapacidad al desarrollo nacional beneficiaría a más de 24 millones de personas en México, considerando a los casi 8 millones que cuenta el INEGI, y a sus familias. Es decir, no son derechos exclusivos, ni especiales, sino de alcance general.
Las personas con discapacidad, en la definición de la Convención de la ONU, “incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás”.
El Artículo 33 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al que se refiere el colectivo, establece la obligación de los Estados parte de designar uno o más organismos gubernamentales para encargarse de la debida implementación de este tratado “y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas respecto de diferentes sectores y a diferentes niveles”.