Reconoce titular de la Función Pública
Del destino de dos billones de pesos que debemos revisar, nosotros solo tenemos la posibilidad de fiscalizar 268 mil millones de pesos; es mucho, pero es sobre el 12 por ciento de todos los recursos que se van a los estados, dijo a los diputados federales el secretario de la Función Pública Roberto Salcedo Aquino.
Algunas observaciones a los estados, dijo, es que no cumplen con lo pactado. En 2019, añadió, se nos dejó cerca de 55 mil millones de pesos en irregularidades. “Estamos haciendo un gran trabajo con los gobernadores y, de esa cifra, se ha acordado más de 20 mil millones de pesos”.
Y ante los reclamos del otorgamiento de contratos sin licitación en el gobierno federal, el funcionario respondió: “El método natural para las compras debe ser la licitación, pero cuando se hace y queda desierta constantemente se puede adjudicar. En 2020, la licitación pública ocupó el 40 por ciento del gasto en compras, y en lo que va del año se lleva el 55 por ciento”.
Legisladores de todos los partidos políticos cuestionaron a Salcedo Aquino sobre el combate a la corrupción, compras, adjudicaciones directas, empresas fantasma, contrataciones irregulares de personal, deficiencias en programas, protección de datos y austeridad.
Lo anterior, en el marco de las dos rondas de preguntas-respuestas-réplicas de la comparecencia del funcionario ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la de Transparencia y Anticorrupción, con motivo del Análisis del Tercer Informe de Gobierno.
El titular de la Función Púbica dijo que se denunciaron 77 millones pesos que se habían otorgado como apoyos a entrenadores en los programas de Alto Rendimiento. La Secretaría realizó tres auditorías a la Subdirección de Calidad para el Deporte; se emitieron 6 observaciones por un monto superior a los 50 millones. De las faltas no graves, derivaron 14 sanciones.
Respecto a la bitácora electrónica de seguimiento de adquisiciones, expuso que es una plataforma específica, ya que se tardó un año en construir y fue con recursos propios. “Ahí se dejará huella de cada uno de los pasos específicos de todo lo que dice la Ley de Adquisiciones; en su momento, podremos ver en tiempo real las irregularidades y actuar inmediatamente”.
Puntualizó que la lucha contra la corrupción es real, concreta y empieza desde la parte de la Fiscalía General de la República, a fin de evitar que la política se meta en los asuntos de corrupción.
Sobre la Secretaría de Bienestar, dijo, se tienen 76 denuncias por presuntas faltas administrativas, de ellas 75 están en investigación. La mayoría son por incumplimiento de las reglas de operación, conflicto de intereses, nepotismo y desvío de recursos públicos.
Dijo tener toda la voluntad para que el Sistema Nacional Anticorrupción trabaje en sus responsabilidades, ya que ello potencializa los resultados de la lucha anticorrupción; sin embargo, añadió, es necesario que se labore en coordinación.
En cuanto a la filtración de datos de servidores públicos, explicó que se estaban perfeccionando las plataformas de datos; no obstante, en el proceso se expusieron las declaraciones patrimoniales y el RFC. Añadió que se notificó al Inai e iniciaron los procesos de investigación a través de tres expedientes; posteriormente, el Instituto pidió cumplir diez medidas, entre ellas la actualización del documento de seguridad, lo cual se prevé concluir antes del mes diciembre.
Explicó que la dependencia busca mejorar la gestión pública mediante su perfeccionamiento en la eficacia y combate la corrupción, por ello revisa las estructuras y capacidad de gestión en dependencias y entidades. Además, supervisa que los perfiles de los puestos sean los correctos y de acuerdo con la ley orgánica y reglamentos interiores.
En el tema de política de austeridad, mencionó que en lo que va de la administración se han ahorrado cerca de 300 mil millones de pesos mediante el recorte de gastos en comidas, viáticos, viajes al extranjero, así como la reducción de estructuras gubernamentales y sueldos a altos funcionarios.
El secretario dijo que se han encontrado y sancionado por conflicto de intereses a varias personas que dijeron no tener ningún problema, pero se fueron encontrando con las investigaciones. Y precisó que romper el Código de Ética es romper con los principios fundamentales del servicio público. La SFP está fortaleciendo todos los comités de ética en cada una de las dependencias.
El funcionario señaló que la SHCP, a través de su Oficialía Mayor, ha perfeccionado todo el desarrollo de una contratación consolidada. “No hay un contacto entre el servidor público y el ofertante, ése es un avance enorme para contener la corrupción”.
El secretario dijo que todo el procedimiento del software Pegasus se realizó en los servicios de información de inteligencia de la subsecretaría correspondiente y de la Policía Federal, en concreto. Ahí se realizó toda esta operación, y nosotros tenemos abierta la investigación para contestar precisamente las dudas que se tienen desde quién las adquirió, para qué se adquirió y por qué se utilizó en situaciones que no eran las de inteligencia. “Nosotros estamos sustanciando este asunto y pronto lo tendrá la Fiscalía General de la República”
Respecto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, afirmó que se da seguimiento puntual y se ha visto el perfeccionamiento de todos los manuales de organización y procesos a fin de evitar irregularidades con el cumplimiento de las reglas de operación.
“Tenemos acciones preventivas, reuniones de trabajo, asesorías y seguimiento de aspectos operativos del programa”, concluyó.