El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados solicitó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue por acciones u omisiones a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y la Secretaría de Economía (SE), para deslindar responsabilidades en el accidente de la mina de Múzquiz, Coahuila, donde perdieron la vida siete trabajadores.

A través de un punto de acuerdo presentado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exigió que se apliquen las sanciones que conforme a la ley procedan, a fin de cumplir a cabalidad con los reglamentos y normas oficiales mexicanas en materia de seguridad e higiene, así como de prevención de riesgos de trabajo.

En un comunicado la bancada recordó que, en octubre de 2020, el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez y la organización Familia Pasta de Conchos, presentaron denuncias contra la CFE por las terribles condiciones de seguridad e higiene de la mina de carbón y pidieron corregir las deficiencias laborales acordes al riesgo.

Como evidencia del requerimiento, está la carta que ambas organizaciones enviaron al director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, en la que solicitaron una reunión para abordar, entre otros asuntos, la “no repetición de siniestros y fallecimientos evitables en las minas de carbón”. Asimismo, señalaron que los trabajadores laboran en muy malas condiciones de seguridad y, además, recalcan que varias empresas mineras tienen contratos con la CFE.

Dijeron que otra voz de alerta se escuchó, durante la visita en octubre de 2020, del presidente Andrés Manuel López Obrador a Pasta de Conchos, en Coahuila, donde activistas y trabajadores expusieron el estado que guardan varias minas de carbón, incluida la de Miracán, en el poblado Rancherías del municipio de Múzquiz, la misma que colapsó el pasado 4 de junio, cuando se inundó con trabajadores en los túneles.

La fracción parlamentaria agregó que son varias dependencias e instituciones involucradas en la actividad minera, pero a la STyPS compete proporcionar la seguridad laboral de los trabajadores y la SE es responsable de regular y promover esta actividad económica, mediante las concesiones, el registro de empresas, y tienen la facultad de suspender una mina, si la visita de inspección revela peligro o daño inminente.

En tanto, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en su artículo 78 señala que las adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obras de cualquier naturaleza se deben llevar a cabo bajo los principios de honradez, transparencia, máxima publicidad, igualdad, competitividad, sencillez y que sean expeditos. Además de que, por regla general, se deben efectuar por concurso abierto y previa convocatoria pública, concluyó.

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