Con la reforma penal fiscal, en 2020 se logró desactivar al grupo criminal más importante de subcontratación, que tenía cerca de 200 mil trabajadores en su nómina y además ha permitido llegar a las cabezas, reveló el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda.
En reciente reunión con diputados federales, el funcionario explicó que se presentaron 42 denuncias contra los grupos factureros más importantes del país y se preparan 100 querellas contra las personas que han consumido esas facturas o han recibido asimilables a salarios.
Tenemos órdenes de aprehensión contra los grupos de outsourcing y factureros más importante del país”, aseguró y dijo que el perfil que manejaban las personas que realizaban estas actividades era de muy alto nivel económico y con grandes fortunas, pero finalmente “son delincuentes de cuello blanco”.
Añadió que han sido de las reformas estructurales más benéficas que ha tenido el país en este periodo, incluida la de outsourcing, lo que se le reconoce al Congreso de la Unión, expresó.
Subrayó que al eliminarse el outsourcing o subcontratación cerca de 2 millones 900 mil trabajadores han migrado a empresas reales donde tributan con salarios reales, los cuales han subido, en promedio, entre 10 y 15 por ciento.
Se calculaba que había 4 millones 700 mil trabajadores en terciarización, es decir, 40 por ciento de la plantilla laboral del país en esas condiciones; estaban contratados por cerca de 7 mil 500 empresas, sólo 900 tenían registro ante la Secretaría del Trabajo. De las 900 sólo 100 tenían registro patronal ante el IMSS y, de esas 100, sólo 40 pagaban impuestos, señaló.
Indicó que se tiene un régimen de excepción para perseguir el delito de delincuencia organizada, el registrar domicilios en zonas de alta marginación y contratar a personas con necesidad económica, para saber cómo se mueve el grupo, tener escuchas e infiltrados y cómo operan el dinero, a través de cateos, con criterios de oportunidad llegando al contador. Eso ha permitido llegar a las cabezas más importantes.
Agregó que la política criminal fiscal que se ha llevado a cabo incluye la persecución de delitos de grandes contribuyentes, los medios alternos de controversias penales y permitió presentar querellas el año anterior contra grandes corporaciones que habían omitido el pago de contribuciones, cometiendo el delito de defraudación y se firmaron acuerdos reparatorios.