Urge recuperar confianza perdida
Al rendir su primer informe de labores, el presidente de la Suprema Corte de Justica, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, habló claro de los vicios, corruptelas y nepotismos, pero al mismo tiempo sembró advertencias de que el proceso de limpia de malos funcionarios será hasta sus últimas consecuencias, porque está decidido a recuperar la confianza de la ciudadanía y establecer un sistema de justicia que reclama la sociedad en su conjunto.
Dijo que el Poder Judicial han sido opacados por vicios y prácticas que lo debilitan frente a la sociedad y que lastiman su legitimidad. “Nos hemos anquilosado, ha aumentado la corrupción y se ha arraigado un nocivo corporativismo judicial, lo que ha impedido un acceso efectivo a la justicia”.
Por un lado, reconoció, el sistema de carrera judicial no ha sido eficaz para desterrar el nepotismo, existen cotos de corrupción -aislados pero lastimosos- y el Poder Judicial no ha logrado construir con la ciudadanía una relación de confianza.
“Por ello queremos sacar de nuestras filas a los malos servidores públicos, a los corruptos, por supuesto, pero también a los mediocres. Que quede claro que esto se acabó. Que no toleraremos a los servidores públicos que anteponen sus intereses personales a los de la justicia. Estamos limpiando la casa y no cejaremos en este compromiso”.
Aquí el discurso pronunciado ante el presidente Andrés Manuel López Obrador: “El Poder Judicial de la Federación—esta noble institución que me honra representar—es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema constitucional. Para el adecuado funcionamiento del delicado engranaje republicano, es indispensable una rama judicial fuerte, autónoma, independiente y, sobre todo, que goce de la confianza social.
Contar con jueces honestos, valientes, preparados, sensibles y comprometidos con los valores constitucionales, es tan necesario para una sociedad libre y democrática, como lo es la integridad del sistema representativo en su conjunto.
Mucho se ha logrado al respecto en las últimas décadas. El Poder Judicial ha alcanzado un grado de fortaleza institucional que le permite dar salida a los conflictos, brindar certidumbre al orden jurídico, y ejercer un control efectivo de la constitucionalidad de las normas y actos del Poder Público, en defensa de las atribuciones y competencias constitucionales y de los derechos humanos de las personas, contribuyendo a la gobernabilidad, la seguridad jurídica y el estado de derecho.
Un cuerpo de alrededor de 1500 juzgadores imparte día con día justicia federal en nombre de la Unión. Lo hacen en condiciones muchas veces heroicas, en lugares apartados, lejos de sus familias, con largas jornadas de trabajo, enfrentando con aplomo las presiones mediáticas, del poder económico y también de la delincuencia organizada.
A ellas y a ellos, así como a todo el personal de carrera judicial y administrativo, que se entrega con honestidad y excelencia al servicio público, les expreso mi total reconocimiento.
La Corte se ha comprometido con la defensa de los derechos humanos, estableciendo interpretaciones que buscan darles efectividad para hacerlos una realidad en la vida de las personas. Hemos entendido a los derechos como la vía para la construcción de una sociedad justa e igualitaria, en donde todas las personas puedan vivir con dignidad, libres de discriminación, y con acceso a oportunidades que les den la verdadera libertad de perseguir sus sueños, sin importar la cuna en que nacieron.
Pero, no podemos dejar de reconocer que, a pesar de esta tendencia histórica del Poder Judicial a desempeñar plenamente el papel que le corresponde en nuestra democracia, sus esfuerzos han sido opacados por vicios y prácticas que lo debilitan frente a la sociedad y que lastiman su legitimidad.
En estos años nos hemos anquilosado, ha aumentado la corrupción y se ha arraigado un nocivo corporativismo judicial, lo que ha impedido un acceso efectivo a la justicia. Por un lado, el sistema de carrera judicial no ha sido eficaz para desterrar el nepotismo. Por el contrario, esta práctica, profundamente arraigada en la cultura institucional, se recrudeció en años recientes.
Es cierto que la vocación por la judicatura se transmite en el seno familiar y que existen generaciones de jueces y magistrados intachables. Pero la falta de transparencia y la discrecionalidad para el otorgamiento de nombramientos han debilitado al sistema meritocrático, han generado desigualdad en la carrera judicial, y han propiciado conflictos de interés inaceptables.
El nepotismo generalizado afecta negativamente el correcto desempeño de nuestras funciones e impide que los ascensos se obtengan en condiciones de igualdad, todo lo cual nos desacredita y deslegitima nuestra labor. Por otro lado, existen cotos de corrupción –aislados pero lastimosos –que dañan profundamente la impartición de justicia.
La corrupción judicial genera desigualdad, impunidad y perpetúa el círculo vicioso del crimen y la violencia. La corrupción judicial es un flagelo que debilita a todas las instituciones públicas, porque erosiona la confianza en el sistema mismo. Un poder judicial percibido como corrupto pone en entredicho la capacidad misma del Estado para cumplir sus fines. Un poder judicial percibido como corrupto carece de la fuerza y legitimidad para desempeñar adecuadamente el rol equilibrador que constitucionalmente le corresponde.
Finalmente, el Poder Judicial no ha logrado construir con la ciudadanía una relación de confianza. No ha habido un proceso de apropiación, por el cual la sociedad reconozca como suyos a los jueces federales y como valiosa la labor que desempeñan.
Los jueces muchas veces son percibidos como miembros de una élite a la que protegen y preservan. Muchas veces son vistos como agentes que actúan sin tomar en cuenta la realidad social, sin miramiento a las circunstancias particulares que impiden el goce de los derechos, denegando justicia a aquellos grupos a quienes históricamente les ha sido vedada.
Es por todo ello que a partir de mi elección como presidente el pasado 2 de enero –con el voto de mis pares–en el Poder Judicial hemos emprendido un proceso de autorreforma que busca renovar de fondo nuestra identidad y ética institucional.
Queremos sacar de nuestras filas a los malos servidores públicos, a los corruptos –por supuesto–pero también a los mediocres, a los que no están a la altura de la investidura que ostentan, así como a los que entienden esa investidura como privilegio y no como servicio.
Queremos desarticular las estructuras y la cultura del patrimonialismo judicial; queremos repetir hasta que se haga costumbre, que no es posible juzgar desde una perspectiva del privilegio; que debemos evolucionar con la sociedad de la que somos parte y a la que servimos; y que debemos rendirle cuentas de nuestro actuar.
El primer gran eje de acción para la renovación del Poder Judicial es el combate al nepotismo y a la corrupción, lo que pasa por un fortalecimiento y transformación de fondo de las políticas públicas en materia de carrera judicial. En esta línea de acción, el Consejo de la Judicatura aprobó un acuerdo general que reglamenta la carrera judicial en relación con la reincorporación, adscripción y readscripción de magistrados de circuito y jueces de distrito, en el cual se establecen procedimientos y criterios para la toma de decisiones en torno a esos rubros.
Derivado de dicho acuerdo, y por primera vez en los 25 años de historia del Consejo de la Judicatura, se aprobó una Política de Adscripciones, en la que se desarrollan los supuestos y razones que justifican los cambios de adscripción, mismos que pueden ser consultados por laciudadanía y por las y los propios titulares.
Lo anterior, de conformidad con los estándares constitucionales e internacionales en materia de independencia judicial, particularmente los señalados por el Comité de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre la Independencia de magistrados y abogados, así como, en el ámbito interamericano, por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La implementación de esta política ha resultado en 569 movimientos, que incluyen primeras adscripciones y readscripciones, de las cuales 98 se han dado por causa de nepotismo.
En el caso del circuito judicial de Jalisco, el Consejo advirtió que se había convertido en una zona de riesgo para la impartición de justicia, por lo que se llevaron a cabo readscripciones y suspensiones tendientes a desarticular redes de influencias y cotos de ilegalidad existentes, lo que ha permitido avanzar en las investigaciones conducentes.
En el rubro de ratificaciones operó un cambio radical de paradigma. Anteriormente se ratificaba inercialmente a los juzgadores federales siempre que no hubieran cometido conductas extremadamente graves; se trataba prácticamente de un trámite administrativo, de un pase automático.
Prueba de ello es que, durante los 15 últimos años, la única causa de no ratificación fue la existencia de infracciones disciplinarias graves.
Hoy en día, se hace una evaluación comprehensiva bajo criterios de excelencia y honestidad, para garantizar que sólo las personas que cumplan con los estándares constitucionales continúen impartiendo justicia.
Como medida fundamental, además de la reorientación de la carrera judicial, el Consejo de la Judicatura aprobó un Plan Integral de combate al nepotismo, cuya implementación se materializará en los próximos meses, conformado por un conjunto de medidas preventivas y reactivas que buscan erradicar esta práctica —tan nociva como arraigada—de manera que el ingreso y permanencia en la carrera judicial se definan por los concursos públicos y la meritocracia.
Tales medidas comprenden: el fortalecimiento de los “puertos de entrada” a la carrera judicial; la definición de tipos administrativos para inhibir y sancionar este fenómeno; la creación de un Comité de Integridad que revisará ciertos nombramientos cuya legitimidad pueda generar dudas; la implementación de un buzón de denuncias, y el establecimiento de una plataforma electrónica para la identificación de redes familiares.
En el rubro de combate a la corrupción hemos adoptado una política de cero tolerancia. Este año se impusieron por parte del Consejo diversas sanciones por responsabilidades administrativas, las cuales han incluido la destitución e inhabilitación del servidor público.
Dentro de esos casos, hay 16 que tienen que ver con irregularidades patrimoniales, nombramientos que pretendieron encubrir posibles casos de nepotismo o actuación tendiente a engañar a otras autoridades o a obtener beneficios de las partes en juicio.
Al respecto, destaca la destitución de un Juez de Distrito por corrupción, haber actuado en contra de constancias, y haber incurrido en errores inexcusables en un caso de pederastia, así como las destituciones de dos Magistrados de Circuito por notoria ineptitud y graves irregularidades detectadas en sus declaraciones patrimoniales.
Asimismo, a la par de que se abatió el rezago en la atención de quejas, denuncias y procedimientos disciplinarios de oficio que existía el año pasado, se observó un marcado aumento en la presentación de quejas. Los expedientes de investigación administrativa y jurisdiccional prácticamente se triplicaron respecto de 2018.
Esta tendencia atípica en la presentación de quejas, sin duda, habla de una mayor confianza de la sociedad —y de los propios miembros del Poder Judicial—en que las mismas serán resueltas y que, de probarse los hechos denunciados, habrá consecuencias.
En cuanto a la revisión de las visitas ordinarias que permiten auditar permanentemente el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, los dictámenes aumentaron en un 255%. Esto se ha acompañado de un replanteamiento en los criterios de productividad y estabilidad laboral que se exigen a las y los juzgadores federales.
Se implementó un Programa Anual de Verificación de Situación Patrimonial, que permite dar seguimiento adecuado a la evolución patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial.
Por lo que hace a la responsabilidad penal, se presentaron cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de Magistrados de Circuito. En uno de los casos, el inculpado ya fue vinculado a proceso y se encuentra en prisión preventiva.
Asimismo, aumentó el desahogo de solicitudes ministeriales relacionadas con investigaciones sobre hechos delictivos atribuidos a servidores públicos en un 158% frente al 2018.
Por último, para asegurar que los funcionarios judiciales puedan desarrollar sus funciones libres de presiones, amenazas o intimidaciones y proteger su independencia e imparcialidad, el Consejo elaboró 199 evaluaciones de riesgo a servidores públicos con la finalidad de determinar las medidas de seguridad que requieren.
La corrupción y el nepotismo se alimentan de la impunidad que mucho tiempo los ha acompañado. Que quede claro que esto se acabó. Que no toleraremos a los servidores públicos que anteponen sus intereses personales a los de la justicia. Estamos limpiando la casa y no cejaremos en este compromiso.
Hay una gran mayoría de juezas, jueces, magistradas y magistrados de la más alta honorabilidad. A ellas y ellos, mi público reconocimiento y mi llamado a seguir trabajando juntos por un Poder Judicial renovado, abierto, cercano a las personas y con credibilidad.
Para que cada vez sean más los buenos servidores públicos, esta administración tiene un compromiso firme con la construcción de un nuevo perfil del juzgador federal.
Se están rediseñando los procesos de selección de juzgadores, a fin de que permitan identificar de mejor manera la idoneidad de las y los aspirantes y se impidan fraudes como los que ocurrieron en el pasado.
Así, para el concurso para juezas de distrito,por primera vez los cuestionarios correspondientes fueron aplicados por un sujeto totalmente ajeno al Consejo de la Judicatura: el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), con décadas de experiencia y prestigio en la elaboración de pruebas relacionadas con los servicios profesionales de carrera. Las preguntas de los cuestionarios se resguardaron en todo momento por el CENEVAL.
Por su parte, en el concurso para magistradas de circuito, se tomaron medidas novedosas para resguardar la secrecía de los reactivos que conformaron el cuestionario de la primera etapa. En los rubros de formación de futuros juzgadores y capacitación y actualización de quienes ya lo son, el Instituto de la Judicatura Federal fortaleció sus programas académicos sobre derechos humanos, centrándose en temas como derechos de los pueblos y comunidades indígenas, feminicidio y violencia contra mujeres, migración, género, libertad de expresión y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Para este efecto ha sido estratégica la relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha impartido en las aulas del Instituto un curso de actualización sobre su jurisprudencia.
El perfil del nuevo juzgador que saldrá de las aulas de la Escuela Judicial será el de un profesional con un dominio de los temas sustantivos como la dogmática de los derechos fundamentales, el derecho internacional de los derechos humanos, la teoría constitucional, el derecho comparado; y conocedor también de saberes instrumentales, como la teoría de la argumentación, la teoría de la interpretación y la teoría del precedente.
Pero, sobre todo, un juez o una jueza que sepa juzgar con perspectiva, que sepa ponerse en los zapatos de los demás, atento a sus propios prejuicios, y capaz de identificar las barreras sociales que impiden el acceso a la justicia. Un juez o una jueza con sensibilidad social y que entienda el impacto de sus fallos en el camino hacia un país con mayor justicia social.
La renovación del Poder Judicial para garantizar su independencia de cara a la sociedad no puede lograrse sin cambios profundos en su funcionamiento administrativo. Una mejor justicia implica también una mejor administración, más eficiente y austera; que mantenga su cercanía con la sociedad; y que administre, con esmero y diligencia, los recursos que la sociedad le confiere.
La administración se ha enfocado en innovar los procesos de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, bajo el principio de máxima transparencia y rendición de cuentas, para que los órganos jurisdiccionales cuenten con las condiciones adecuadas para impartir justicia pronta y expedita, teniendo en el centro una política de austeridad republicana. Uno de los principales logros es que el ejercicio del presupuesto alcanzó una eficiencia en el uso de los recursos del 99%, abatiendo una tendencia histórica de subejercicio, incluso con partidas que iniciaron sin recursos, lo que implicó un mayor esfuerzo de contención del gasto para su reorientación hacia áreas prioritarias.
Se generaron ahorros del orden de 2,600 mdp, que se destinaron a proyectos estratégicos dirigidos a fortalecer la función jurisdiccional.
Con lo hasta aquí dicho, queda claro que hemos dado inicio a una autorreforma profunda, decidida y con rumbo claro. Nuestro compromiso con esta renovación es absoluto: los datos y las cifras dan cuenta de ello. Pero es cierto que, para darle profundidad y estabilidad a estos cambios, son convenientes reformas legales que le den continuidad al proceso emprendido.
El momento social es propicio para ello, pues coinciden en el tiempo las demandas de cambio social y la voluntad de alcanzarlo. Es el tiempo de una reforma judicial que emane de nuestras filas, que responda a nuestras necesidades y que tenga en cuenta nuestra experiencia. Por ello, hemos entablado un diálogo institucional con los otros Poderes, para dar inicio a los trabajos sobre una “Reforma con y para el Poder Judicial”.
Se trata de un esfuerzo de Estado que parte de un intercambio constructivo, en el que el Poder Judicial juega un rol protagónico, como salvaguarda de su autonomía y de su independencia. En el marco de estos trabajos, próximamente presentaremos nuestra propuesta de las reformas que consideramos oportunas para la consolidación de la transformación que hemos impulsado en esta administración”.