Reconocen en el Senado
La Ley Nacional de Extinción de Dominio, un mecanismo autónomo e independiente que fortalecería al Estado en su lucha contra la delincuencia organizada, generó más inquietudes que certezas sobre sus usos, procesos, definiciones y por su incompatibilidad con el texto constitucional, señaló el senador Clemente Castañeda.
“Debemos decirlo, la figura de extinción de dominio ha quedado a deber. Su falta de resultados es visible cuando se la evalúa en el marco general de la estrategia de seguridad. Vale la pena destacar que, según el primer informe en materia de extinción de dominio presentado por la Fiscalía General de la República, el 21 de octubre del 2020, los bienes sujetos a extinción de dominio se calcularon en apenas 76 millones de pesos y 9 millones de dólares”, lamentó Castañeda.
“Pero además de esto, carece de instrumentos adecuados de transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas, lo que dificulta aún más su evaluación. Y esto no es todo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos la invalidez de artículos de la Ley por violaciones al derecho a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la transparencia, el acceso a la información”, añadió.
El senador de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa que reforma 10 artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Puntualmente para:
- Primero: instaurar un modelo que transparente el destino de los recursos obtenidos por la extinción de dominio para que el Gobierno explique cómo y dónde se gastan estos recursos.
“Sabemos que a esta administración no le gusta la transparencia, pero no podemos seguir dejando en las leyes márgenes de discrecionalidad y opacidad”, destacó Castañeda.
- Segundo: eliminar el Gabinete Social de la Presidencia de la República, para que no sea esta instancia la que defina el destino de los bienes. Planteamos que todos los recursos obtenidos sean dispuestos exclusivamente a favor del fortalecimiento, profesionalización y garantía de autonomía de las instituciones de procuración de justicia federal y estatales.
“Si queremos tener una verdadera estrategia de seguridad que acabe con la impunidad, necesitamos hacer mucho más por las instituciones de procuración de justicia del país, incluyendo las fiscalías locales”.
- Tercero: generar certeza jurídica, evitando que la Fiscalía pueda adoptar medidas cautelares sin previa orden judicial, y además atendemos las demandas de la sociedad civil respecto a la figura de venta anticipada, que tal y como está prevista en la ley vulnera los derechos del debido proceso.
“En esta iniciativa acotamos con claridad esta figura, eliminando cualquier resquicio de discrecionalidad en su aplicación, y así garantizar la presunción de inocencia, los derechos de propiedad y la certeza jurídica”, apuntó Castañeda.