Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la secretaría de Gobernación, expresó su preocupación por la liberación de uno de los principales involucrados en el caso Ayotzinapa y dijo que la investigación que se realiza en estos momentos podría alcanzar a Tomás Zerón y a Jesús Murillo Karam.
Aquí sus palabras textuales pronunciadas durante la mañanera de este miércoles en Palacio Nacional:
Como ya es del dominio público, el pasado 30 de agosto el juez 1º de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, el juez Samuel Ventura Ramos a través de la secretaria de acuerdos de este juzgado dictó una sentencia absolutoria en favor de Gildardo López Astudillo conocido como ‘el Gil’, quien es reconocido que operaba como jefe de la plaza de Guerreros Unidos en la ciudad de Iguala al momento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, desestimó 44 pruebas en contra de López Astudillo que buscaban acreditar el delito de secuestro, se circunscribió solamente analizar 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación y consideró que se había aplicado el delito de tortura, a pesar de la Procuraduría General de la República de entonces realizó el examen médico psicológico reconocido como Protocolo de Estambul, donde se acreditó que no había sido torturado, aunque hay que reconocer que faltó todavía hacer en este protocolo la prueba de audiometría.
Este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de la desaparición forzada.
Lamentablemente no es el único caso, sino que además de que sentará precedente para que se pueda establecer sentencias absolutorias a los demás implicados, viene a fortalecer una tendencia que ya se había venido registrando con la libertad de otros detenidos en el caso de Ayotzinapa.
Vamos a hacer rápido una recapitulación. Ustedes recordarán como entre el 26 de septiembre de 2014 y el 30 de agosto del 2018 se consignaron a 169 personas, de las cuales fueron detenidas 142, particularmente civiles vinculados al cártel de Guerreros Unidos de la región, así como policías municipales de Iguala y de Cocula.
Los delitos fundamentales que se les fincaron entonces fue el de delincuencia organizada vinculada con delitos a la salud, los delitos previstos en la Ley Federal de Armas y Fuegos y el de la Ley de Secuestro.
De las 142 personas detenidas, la Procuraduría General de la República entonces procesó a 70 personas por el delito de secuestro a los normalistas; sin embargo, a lo largo de estos años el proceso judicial que han seguido estos detenidos, que se había basado en 107 pruebas recabadas por distintas averiguaciones previas, el día de hoy solamente subsisten como pruebas 44 de las 107. y vale la pena destacar que son fundamentalmente detenciones que han ido excluyendo de las pruebas las detenciones de falsa flagrancia, se ha desestimado la comisión en 22 detenciones ilegales por forma irregular, en 29 casos de tortura y distintos casos de violación indebida en la puesta a disposición.
¿Qué ha significado esto?
Que a la fecha han sido liberados 53 presuntos delincuentes de los 142 detenidos; y ahora con el precedente de la libertad ya absolutoria de Gildardo López Astudillo existen los elementos para que la autoridad judicial pueda liberar a otros 50 detenidos en este proceso.
¿Qué implica esto? ¿Qué evidencia esto?
Particularmente una indebida integración de la investigación por parte de las autoridades ministeriales basadas en irregularidades y graves violaciones a la ley. Hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas.
Habiendo elementos claros y suficientes para fincar y deslindar responsabilidades por los delitos cometidos, la actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que con una muy laxa interpretación de la ley se puedan retirar los cargos que se le imputaron a los detenidos.
Y también esto implica una revisión profunda de los criterios judiciales que tienen que aplicarse. Y aquí debe tomarse en consideración que la aplicación de la justicia no puede reducirse solamente a la interpretación de la ley, se trata de impartir justicia, no de interpretar la ley, y debe prevalecer siempre el interés superior del derecho de las víctimas por encima del derecho de los victimarios. Yo creo que son de los temas fundamentales que tenemos que definir.
Y podemos hacer el día de hoy un exhorto a la Fiscalía General de la República para que reencauce la investigación, subsane las omisiones y permita una investigación diligente para poder deslindar las responsabilidades que se cometieron por parte de autoridades o civiles en esta desaparición.
Y queremos anunciar que, por instrucciones del presidente de la República, iniciaremos ante la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura federal los recursos legales correspondientes para que se inicie la investigación de los funcionarios de la Fiscalía General de la República y de los jueces en el caso del Poder Judicial federal, para deslindar las responsabilidades en estos casos, donde en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia a las víctimas, se está generando un pacto que favorecerá al silencio y la impunidad en la comisión de este delito.
Por parte de la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa, seguiremos haciendo las investigaciones y diligencias que están en proceso, pero requerimos que la autoridad judicial y la Fiscalía General de la República hagan su trabajo y no permitan que estos hechos queden impunes.
PREGUNTA: Subsecretario, para preguntarle si en este reencauzamiento y en estas investigaciones que está pidiendo tanto a la visitaduría, como al Consejo de la Judicatura, se incluye, por ejemplo, en la parte de la PGR al quién fue su titular y también a quién llevó la investigación, a Tomas Zerón y a Jesús Murillo Karam.
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Sí, hay que recordar que ya la visitaduría de la propia Fiscalía General de la República inició un procedimiento contra Tomás Zerón por haber actuado indebidamente en todo el proceso de investigación del caso de Ayotzinapa, y esto derivará sin lugar a dudas en el fincamiento y deslinde de responsabilidades, no solamente contrario, sino con los funcionarios que resulten responsables de haber alterado el debido proceso en esta investigación.