El miércoles pasado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó tres solicitudes de amparo promovidas por un grupo de pobladores de la región del Rio Sonora, en contra de diversas resoluciones relativas a la remediación del accidente registrado en agosto de 2014.
Los demandantes son asesorados por la organización PODER, presuntamente vinculada con el senador Napoleón Gómez Urrutia.
Dos de esos recursos fueron sobreseídos, lo que implica que la justicia federal no ampara a los quejosos, a quienes les fue negada la reapertura del Fideicomiso Río Sonora.
El tercero de los amparos fue rechazado parcialmente y sólo se otorgó a 35 pobladores para ciertos efectos, mismos que hoy no se conocen, pues aún no se ha dictado la sentencia judicial y, por lo tanto, se ignoran los alcances de la misma.
Es lamentable que haya voces que busquen desinformar y manipular a la opinión pública al especular sobre los términos de una decisión judicial.
Los hechos en este momento son que dos solicitudes de amparo fueron desechadas y que una más se rechazó parcialmente por lo que no se pueden anticipar sus efectos.
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