“Contrastante actitud de la exministra”
El martes la presidencia de la Mesa Directiva del Senado manifestó su postura jurídica sobre la petición de 53 Senadoras y Senadores para presentar una controversia constitucional contra el Acuerdo del Poder Ejecutivo en materia de proyectos de obra pública considerados como de “seguridad nacional” y publicado el 22 de noviembre.
En dicha postura, la presidenta manifestó que el Senado de la República carece de interés legítimo para combatir el Acuerdo, ya que no existe agravio contra el Poder Legislativo.
Sin embargo, en las Controversias Constitucionales 73/2010 y 74/2010, presentadas por las Cámaras de Diputados y Senadores, en las que se impugnaba el “Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre” (apagón analógico), la propia Ministra Olga Sánchez Cordero concedió las suspensiones correspondientes para impedir que el Ejecutivo llevara a cabo las acciones planteadas en el decreto.
En tal sentido, la entonces ministra acreditó el interés legítimo del Poder Legislativo para combatir un acuerdo presidencial de la misma naturaleza y características que el llamado “Decretazo Presidencial” que hoy se le solicita combatir en su carácter de presidenta del Senado de la República. Llama la atención que ahora que preside la Mesa Directiva, la ministra deniegue la justicia a las y los mexicanos representados por esta Soberanía, siendo que cuando fue juzgadora no lo hizo así.
Es por ello que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano realiza un extrañamiento a la Presidencia de la Mesa Directiva al utilizar criterios jurídicos diferenciados y al rechazar impugnar un decreto presidencial que, a todas luces, invade competencias legislativas y, por lo tanto, puede y debe ser controvertido por el Senado de la República.
Las y los senadores de Movimiento Ciudadano hacemos un nuevo llamado a la presidenta del Senado de la República para revisar la procedencia de que este órgano legislativo presente una controversia constitucional contra el “decretazo” presidencial, en aras de salvaguardar el Estado de derecho y esperar a que el máximo órgano de control constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelva lo conducente.