*Basta de irresponsables casos de endeudamiento
Urge exhortar a la SHCP a que entregue trimestralmente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados la información relativa a la deuda pública de los estados y municipios.
Esto debe de procesarse de manera pronta y expedita, para abonar a la transparencia y rendición de cuentas que implica un ejercicio de voluntad política.
El crecimiento acelerado de la deuda responda a razones políticas, administrativas y económicas, así como a sectores financieros, derivados de los altos costos de la contratación de servicio de deuda pública e intereses bancarios que darían por entidad federativa, oscilando al 5.3 por ciento al 17.5 por ciento anual, con una tasa promedio nominal al 30 de junio del 2012 de 6.3 por ciento anual y un plazo promedio de vencimiento de obligaciones de 14.9 por ciento y en este sentido se detona previo -por lo común y desafortunadamente-, previo a los procesos electorales, ya sean locales o federales.
Hay muchos casos de endeudamiento irresponsable en diversos gobiernos que son conocidos por la opinión pública y cualquiera que esté fuera del marco jurídico y de la ley es necesario ser regulado.
Obviamente los esquemas de presentación de información requieren brindar datos en tiempo y forma, indicadores, evaluaciones que favorezcan la transparencia de los estados públicos, de los estados de la Cuenta Pública de manera que favorezcan obviamente de manera trimestral conocer cómo se están ejerciendo las participaciones federales que esta honorable Cámara otorga y etiqueta de manera directa a estados y municipios.
La contratación y manejo de deuda pública en estados y municipios está regulada y plasmada por el artículo 117, pero tenemos una gran diversidad de leyes a nivel local sobre el porcentaje de endeudamiento de los estados, teniendo un marco legal débil sobre el manejo, topes y rendición de cuentas.
Por eso hemos propuesto poner topes de endeudamiento a estados y municipios en un total de 15 por ciento del presupuesto anual asignado, extendiendo la posibilidad de ampliarlo a un cinco por ciento más en caso de desastres naturales, contingencias o cualquier suceso en el cual, los estados y municipios requieran de un recurso extra.
Resulta fundamental estar enterados que en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, cuando solicitamos la información del correlativo de deuda pública previa a los procesos electorales, no se cuenta con este dato, por eso es la razón de este punto de acuerdo, este exhorto a la Secretaría de Hacienda, ya que no realiza la ejecución de las participaciones afectadas en garantías, salvo para registros vigentes previos a las modificaciones, generando un incremento irresponsable del gasto público.
Esto ha llevado a autoridades en varios órdenes de gobierno a contratar deuda, a generar un exceso de deuda, pero también, en este sentido, rebasando su capacidad de pago, cuestión que nos preocupa.
En México, cualquier ciudadana o ciudadano que contrate una deuda se hace responsable y sabe que tiene que hacer el pago de los intereses y el pago también del monto solicitado.
En este sentido, creemos que la responsabilidad es fundamental para que en México tengamos un ámbito y un marco legal sano en materia financiera, se requiere obviamente topes y la información para tener acciones prontas, expeditas en el momento, no esperar a tener ya un estado en quiebra para poder actuar.
Este endeudamiento obviamente es un lastre para todo lo que es nuestro país, con tristeza de 2008 a 2012 aumentó al 99.1 por ciento, esto es, de 203 mil 070.2 millones de pesos a 404 mil 409.5 millones de pesos, si se considera esto como porcentaje de las participaciones, el saldo de la deuda aumentó al 50.7 por ciento en diciembre de 2008 y al 80.1 en junio de 2012.
A la fecha, el endeudamiento tiene como porcentaje del Producto Interno Bruto, al 2.7 por ciento.
De acuerdo con esta información, las entidades federativas a la Secretaría de Hacienda, mantienen obligaciones financieras inscritas en el registro de obligaciones de las entidades federativas y municipios, estableciendo en el reglamento citado de la Ley de Coordinación Fiscal de un monto total de deuda de 322 mil 950.6 millones de pesos.
Esto ha sido contratado por los gobiernos estatales, 30 mil 570.3 millones para los organismos estatales, 44 mil 859.2 millones por los municipios, 6 mil 029.4 millones por los organismos municipales que genera una deuda pública per cápita de 3 mil 524 pesos estimados en una población calculada al 2012 de 114 millones de habitantes.
Lo anterior genera opacidad, las aportaciones federales, en las cuales deben estar incluidos los municipios, deben estar reguladas, debemos contar y es trascendente y es trascedente que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación conozca con claridad, el gasto generalizado, el empréstito, las bursatilizaciones que como mi estado, Veracruz son hoy, 30 años de deuda para cada uno de los municipios que accedieron a este tipo de empréstitos.
El caso Moreira, el caso Yarrington, el caso Granier y Veracruz debe ser legislado.