*A remover obstáculos misóginos
A seis décadas del reconocimiento del voto de las mujeres, seguimos empujando las reformas jurídicas y las políticas públicas que remuevan los obstáculos que impiden el ejercicio pleno de derechos establecidos en la Constitución e instrumentos internacionales.
La participación de las mujeres en estructuras de los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno es reducida, pues siguen mayoritariamente ocupados por hombres; lo mismo ocurre en órganos de gobierno partidistas y en cargos de representación popular.
En la administración pública federal sólo 15.8 por ciento de las secretarías son dirigidas por mujeres; a nivel de subsecretarías, el porcentaje es de 19.3 y 96.9 por ciento de las gubernaturas tienen como titular a un hombre, sólo hay una gobernadora.
Además, 4.4 por ciento de los ayuntamientos son presididos por mujeres, sólo 107; el resto, dos mil 349, por hombres.
En el ámbito legislativo, representan 27.6 por ciento en la Cámara de Diputados y en el Senado 23.4 por ciento. Por lo que hace al Poder Judicial de la Federación, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 11 integrantes, sólo dos son mujeres. En la Sala Superior del Tribunal Electoral, de siete miembros, sólo una es mujer.
Cifras disponibles del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) indican que la participación femenina en organismos desconcentrados, descentralizados y autónomos está debilitada. El mayor porcentaje de mujeres, 33.6 por ciento, se desempeñó como jefa de departamento; 32.3 por ciento en puestos de enlace y sólo 1.2 por ciento de mandos superiores, desde directoras generales hasta secretarias de Estado.
Por todo ello es necesario modificar esta realidad, pues ninguna acción que pretenda ser eficiente y eficaz para lograr el bienestar de la población puede dejar de lado el sentir, los intereses y necesidades de más de la mitad de la misma.