*Se gesta un nuevo fobaproa en Los Pinos
Denunciamos que se está creando un nuevo “Fobaproa” a través del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), en donde se viene presentando un uso discrecional, ilegal y falto de transparencia en el ejercicio de recursos públicos a través de la figura jurídica de los fideicomisos.
El FONADIN tiene como objetivo ser un vehículo de coordinación para el desarrollo de infraestructura en sectores tales como comunicaciones, transporte, medio ambiente, entre otros, los cuales son apoyados con recursos públicos a través del Fideicomiso 1936, como es el caso de los proyectos que administra BANOBRAS.
Y entre esas obras resaltan los casos del Acueducto Monterrey VI, el Museo Nacional del Barroco y la Autopista Toluca Naucalpan, proyectos asignados al Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa, empresario que ha sido vinculado con el presidente por posibles conflictos de interés.
Respecto de las figura jurídica de los fideicomisos, es de mencionar que la propia Auditoría Superior de la Federación ha reconocido que los denominados fideicomisos, mandatos u otras figuras no paraestatales, no se sujetan al marco jurídico y presupuestal que regula la Administración Pública Federal, como tampoco al control legislativo, vía el Ejecutivo, en materia de deuda, ingreso o gasto público.
Además, representan riesgos tales como: tienen patrimonio independiente al de la Hacienda Pública Federal; las facultades de los fideicomitentes se basan en reglas de operación que aprueban sus propios comités técnicos, generando espacios de actuación discrecional; los fideicomisos contratan deuda e, incluso, emiten títulos de deuda, la cual que no es considerada parte de la propia deuda pública federal; e incluso, con los recursos de su patrimonio se efectúan erogaciones que no son consideradas como gasto público.
En este sentido, dado el carácter de Fideicomiso Público que tiene el FONADIN, resulta necesario que el Poder Legislativo conozca la estrategia a seguir para hacer frente a los pasivos del FONADIN en el periodo 2014 a 2033, y los recursos que obtendrá por la explotación de los tramos carreteros que tiene concesionados, así como los compromisos de apoyos recuperables y no recuperables ya adquiridos, y los que pudiera asumir en el futuro dentro del marco del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018.
En ese orden efectuamos una proyección de la viabilidad financiera del fideicomiso en dicho periodo, de la que se concluyó que a partir de 2014, registrará un déficit que podría alcanzar un monto acumulado de recursos por más 182 mil millones de pesos al finalizar 2033.
De todo lo anterior, concluye la ASF, al cierre de 2013, se presume insuficiente la capacidad financiera del FONADIN para: 1) solventar sus compromisos actuales a fondo perdido y recuperables; 2) continuar cubriendo erogaciones para la construcción de tramos carreteros que se encuentran en proceso; 3) pagar gastos de mantenimiento y conservación de los que actualmente tienen concesionados y, lo más importante, 4) hacer frente al pasivo de su deuda por más 201 mil millones de pesos.
En razón de lo anterior, manifestamos que no es de sorprender, entonces, que la Auditoría Superior de la Federación sugiera a la Cámara de Diputados que, con base en sus facultades evalúe la conveniencia de que se promueva lo conducente ante el Ejecutivo Federal, a efecto de que se extinga el FONADIN.