*Castigo a quien provocó anulación de elecciones
Respetamos la institucionalidad de nuestra democracia que hemos construido en los últimos treinta años.
Acatamos la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que llevó a la anulación de la elección para gobernador del estado de Colima celebrada el pasado 7 de junio.
Estamos convencidos que las reglas de la democracia deben prevalecer más allá de que seamos o no beneficiados de las decisiones de la autoridad jurisdiccional.
Consideramos que la anulación de una elección para gobernador nos debe servir para reflexionar sobre los alcances e insuficiencias de nuestro sistema electoral, la eficacia de las instancias que tienen la obligación de organizar las elecciones, el órgano jurisdiccional que revisa los actos en las campañas electorales, pero sobre todo la actuación de los contendientes y los servidores públicos.
Una de las lecciones es que no deben utilizarse los programas sociales para favorecer a ningún partido político. Otra lección es que las elecciones del próximo años y la extraordinaria de Colima serán las más vigiladas de la historia.
Todos y cada uno de los que participamos en los procesos electorales tenemos la obligación de respetar la ley. Pero lo más grave es cuando un funcionario público omite, con su actuación negligente, refrendar su mandato con la legalidad.
Eso no solo tiene implicaciones jurídicas que las autoridades deberán determinar en su momento, sino tiene efectos políticos en el proceso de renovación de las autoridades y en la confianza de la ciudadanía en los comicios electorales.
Quienes hayan intervenido por comisión u omisión en esta conducta negligente que llevó al tribunal a anular la elección, deben responder ante las autoridades y asumir su responsabilidad que se derive de su conducta.
Ya que por su actuar, el voto de los colimenses fue vulnerado al no poderlo hacer válido por la opción que ganó en las urnas. Por si ello fuera poco, nuevamente los colimenses tendrán que erogar recursos públicos para la reposición del proceso electoral, las cuales podrían costar hasta 100 millones de pesos, y retrasará la renovación de la gubernatura en su estado.