En los últimos 11 meses, partidos políticos, agrupaciones sociales, concesionarios, particulares y funcionarios públicos presentaron 206 recursos de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para controvertir resoluciones adoptadas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), al considerar que las determinaciones del mencionado organismo afectaron sus derechos políticos y su patrimonio económico.
Los partidos políticos encabezan la lista de promoventes de este tipo de juicios ante la Sala Superior, ya que interpusieron 121 impugnaciones; los ciudadanos presentaron 36 de los asuntos; los concesionarios 26; las coaliciones 7; los funcionarios públicos 6, y los correspondientes a las personas morales, agrupaciones políticas, funcionarios de todos los niveles de gobierno e integrantes de los institutos estatales electorales sumaron diez.
De los recursos de apelación, 51% se relacionan con procedimientos especiales sancionadores. Se trata de las denuncias y sanciones aplicadas por irregularidades detectadas por la difusión de propaganda en radio y televisión fuera de las pautas establecidas por el IFE, así como aquella cuyo contenido presuntamente encuadra en las figuras de denigración y calumnia, además de denuncias por actos anticipados de campaña, promoción personalizada de servidores públicos y propaganda gubernamental.
Los demás asuntos estuvieron vinculados con procedimientos de fiscalización 21.36%; con la normatividad 6.8%; con los procedimientos sancionadores ordinarios 9.71%; con el derecho a la información, 3% y 7.77% correspondieron a otros temas.
Los justiciables recurrieron al Tribunal Electoral para reclamar la protección de sus derechos, ya que no compartieron las resoluciones de las diferentes instancias ejecutivas, comisiones y órganos del IFE.
Al resolver los diferentes juicios, el TEPJF reiteró su compromiso de impartir justicia con estricto apego a la Constitución, así como al Estado Democrático de Derecho.
La confianza generada en los partidos políticos para buscar la protección de sus derechos es una muestra de que la Magistrada y los Magistrados de la Sala Superior mantienen su actuación en apego a una procuración de justicia sustantiva, pronta, expedita y que abona a la certeza jurídica con las resoluciones que emiten.