Para compartir experiencias que motiven la reflexión y el análisis sobre la manera en que la justicia electoral contribuye a la solución de conflictos en territorios con población indígena, José Alejandro Luna Ramos y Constancio Carrasco Daza, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), participarán en la XII Sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En la sede de la ONU, ubicada en la ciudad de Nueva York, el magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos intervendrá en los debates del Foro para exponer la forma en que el TEPJF ha resarcido la injusticia social en comunidades indígenas del país, a través del establecimiento de criterios jurídicos a favor de los derechos político-electorales de este sector de la población.
El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas fue creado a través de una resolución del Consejo Económico y Social (Ecosoc), órgano de carácter internacional, en julio de 2000. Tiene el mandato de examinar las cuestiones indígenas en el contexto de las atribuciones del Consejo, relativas al desarrollo económico y social; la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos.
Expondrá TEPJF el caso del partido político Shuta Yoma
De manera paralela a dicho Foro, se llevará a cabo el evento “Las miradas de la justicia: protección de los derechos político-electorales de los pueblos indígenas”, convocado por la Misión Permanente de México ante la ONU, la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, la Red de Jóvenes Indígenas de la Alianza de Centroamérica y México, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En ese marco, el magistrado Luna Ramos presentará ante la comunidad internacional el caso del partido político Shuta Yoma, integrado por ciudadanos indígenas que reclamaron, en 2010, ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que se reconociera su derecho de asociación para participar como opción política en los procesos electorales de ese estado.
Ante la negativa de la autoridad administrativa electoral, los indígenas promovieron en la Sala Superior del TEPJF un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Al resolver el caso, se estableció en la sentencia la obligación del Estado para garantizar el ejercicio de su derecho de asociación con fines políticos.
El magistrado Constancio Carrasco Daza formará parte de la mesa de comentaristas que se referirán al caso, para exponer la manera en que el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral del país realizó una interpretación sistemática y funcional de diversas disposiciones constitucionales y legales, así como de los tratados internacionales firmados por México, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de los integrantes de esa comunidad indígena.
Durante su misión de trabajo, los magistrados del TEPJF sostendrán diversas reuniones con altos funcionarios de la ONU, el PNUD y de la Misión Permanente de México en las Naciones Unidas.