La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió hoy cinco juicios ciudadanos relacionados con el pago de dietas; en tres de ellos, el Pleno concedió la razón a los promoventes, y en dos casos, ordenó el pago inmediato a los actores al señalar que el derecho a ser votado no se reduce a la elección, pues contempla también el ejercicio del cargo durante el periodo para el que se fue electo, y recibir la remuneración legal correspondiente.
En el primero de los asuntos abordados, el Pleno resolvió, por unanimidad, vincular al ayuntamiento de Villa de Etla, Oaxaca, a realizar las gestiones necesarias para pagar a Félix Rubén Hernández Cruz la retribución correspondiente al cargo de concejal por el principio de representación proporcional, de manera retroactiva a partir del 3 de diciembre de 2012, fecha en que estuvo en posibilidad de rendir la protesta de ley.
El magistrado ponente, Flavio Galván Rivera, explicó que en este caso al funcionario municipal no se le había tomado la protesta de ley por razones ajenas a él.
“No ha desempeñado el cargo no porque no haya querido, sino porque el Ayuntamiento no le ha tomado protesta y, en consecuencia, no le ha dado posesión del cargo y, por ende, no ha podido desempeñar sus funciones, por lo que no le ha pagado la contraprestación respectiva. Le ordenamos que se le pague”, dijo.
Respecto al juicio ciudadano promovido por Eric Saúl Dircio Godínez y otros promoventes, la Sala Superior declaró incumplida la sentencia emitida por la Segunda Sala del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero el 14 de julio de 2011, por la que ordenó a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero dar cumplimiento a los requerimientos del pago de dietas en favor de los actores en su calidad de regidores del ayuntamiento de Mochitlán, en esa entidad.
Manuel González Oropeza, magistrado ponente en el asunto, señaló que ya existe un mandato judicial del Tribunal local para que se paguen sus dietas a los promoventes, el cual no se ha cumplido. “Por lo tanto, nosotros confirmamos que no se ha cumplido la sentencia y ordenamos a las autoridades que lleven a cabo todas las etapas o todos los actos necesarios para dar cumplimiento a la misma”, señaló.
Por lo anterior, vinculó al Gobernador del Estado de Guerrero, al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno de la entidad, así como al Presidente Municipal e integrantes del ayuntamiento de Mochitlán, para que dentro de sus atribuciones realicen todas las acciones necesarias, suficientes y eficaces para cumplir con lo ordenado por el órgano jurisdiccional local.