*Impostergable un sistema policíaco profesional
La entrada en vigor de la reforma constitucional de seguridad y justicia -junio de 2008-, significó un parteaguas en el Sistema de Procuración de Justicia, en virtud de que en ella se establecen las bases para la transición hacia un sistema de justicia penal acusatorio, en el que se privilegia en todo momento el respeto de los derechos humanos, tanto de la víctimas, como de los imputados.
También contempla la creación de nuevas figuras y mecanismos procesales, como los servicios previos al juicio, los medios alternativos de solución, de controversias, las suspensiones condicionales del proceso a prueba y los procedimientos especiales, con lo cual se coadyuva a una impartición de justicia transparente, pronta y expedita.
Asimismo, implica un uso eficiente de los recursos públicos, porque se reducen los tiempos y carga de las partes implicadas en el conflicto penal.
Una reforma de esta trascendencia requiere la creación de un andamiaje institucional que permita su implementación, debido a que conlleva cambios sustanciales en los ordenamientos jurídicos, infraestructura, métodos y procesos, así como los nuevos mecanismos procesales, particularmente la capacitación y actualización de las partes concurrentes en los procesos de este sistema, en donde se incluyen los ministerios públicos, los jueces, los defensores públicos, los abogados litigantes, los elementos de corporaciones investigadoras y persecutoras de los delitos y de los delincuentes o presuntos responsables, de tal manera que a poco menos de un año que se cumpla dicho plazo de los ocho años que se señalaron para realizar las acciones necesarias en la implementación de este sistema acusatorio oral, se tiene en seis entidades registradas el funcionamiento pleno de este sistema, como son Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León y recientemente Sonora.
Sin embargo, también hay entidades que tienen avances importantes y sustanciales, en un promedio y rango superiores al 68 por ciento, en la cual se encuentran 25 entidades en camino y curso para este compromiso, señalado en la reforma constitucional.
Desde el año 2010 se ha destinado un presupuesto de casi 10 mil millones de pesos para la operación del sistema acusatorio en dichas entidades. Cabe señalar que actualmente existe un fideicomiso de 5 mil millones de pesos destinado exclusivamente para el desarrollo del proyecto en infraestructura y equipamiento en las entidades para dicha implementación.
Asimismo, se han aprobado diferentes ordenamientos que pueden ser complementarios de la reforma constitucional de seguridad y justicia del 2008, tales como el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias y la reforma constitucional para desarrollar una legislación única en materia de justicia de adolescentes.
Es importante resaltar que de acuerdo al Centro de Investigación para el Desarrollo, se ha modificado el 93 por ciento de las legislaciones, tanto locales, como federales, necesarias para la instrumentación del sistema penal de justicia acusatorio.
Un elemento fundamental para el correcto funcionamiento de cualquier proyecto es el factor humano. Al respecto, de 2010 a 2014, se ha capacitado a 62 mil 440 operadores de diversos perfiles, lo cual representa el 83.4 por ciento del total de los operadores necesarios.
Casi nueve de cada diez ministerios públicos y defensores públicos han sido capacitados; en contraste, sólo ocho de cada 100 policías estatales y policías de investigación han sido capacitados; y sólo el cinco por ciento de los jueces cuentan con la formación necesaria para desempeñar sus funciones en el nuevo sistema penal acusatorio.
Resulta impostergable contar con un sistema policíaco profesional, capacitado y con salarios dignos, porque ellos son piezas fundamentales para el correcto funcionamiento de cualquier sistema de impartición de justicia.