*Hostigamiento sexual, delito invisible

Es necesario implementar un proceso para la prevención, atención y sanción de casos de hostigamiento sexual, elaborar un programa de denuncia y se informe de la instancia colegiada que dirima estos asuntos también conocidos como “mobbing”.

Lo anterior para que se realice una adecuada investigación para que se finquen a las y los servidores públicos las responsabilidades administrativas que procedan por su incumplimiento.

Lamentablemente el acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral se presenta día con día y es un delito invisible que sufren sobre todo mujeres, ya que no hay los mecanismos adecuados de denuncia y frecuentemente los acosadores actúan de manera impune.

Hay casos emblemáticos de acoso sexual en el ámbito laboral como el ocurrido contra Ruth Sarmiento, funcionaria del Centro Nacional de Planeación, Información y Análisis contra la Delincuencia (CENAPI), la cual fue separada de su cargo y su acosador se mantiene impune.

Si bien en el año 2009 surgió el Protocolo de Intervención para los casos de Hostigamiento y Acoso Sexual, el cual es obligatorio, en los hechos la mayor parte de las dependencias no lo han puesto en operación y por ello es urgente su implementación para frenar este tipo de delitos.

En 2008 se realizó una encuesta en 258 dependencias y entidades de la administración pública federal, del cual se desprendieron los siguientes resultados en la materia: 25 mil 728 casos de acoso sexual, 7 mil 796 denuncias ante las autoridades y mecanismos competentes en las instituciones.

El 15 por ciento de las mujeres y 5.3 por ciento de los hombres reportaron haber sido víctimas de acoso sexual, 8 de cada 10 personas encuestadas manifestaron que es necesario contar con mecanismos para proteger a las mujeres y los hombres del hostigamiento y acoso sexual.

Generalmente las personas que son agredidas con el hostigamiento y acoso sexual se encuentran sometidas al ejercicio de poder de otra, que en la mayoría de los casos no sólo cuenta con el control de los recursos económicos, sino que además puede controlar a la persona agredida y al resto de las personas subalternas donde ocurrieron los hechos.