El senador Javier Corral Jurado dijo que es urgente que se legisle en materia de propaganda gubernamental “para atajar el discurso de los cínicos”, luego de pronunciarse en contra de la resolución del Consejo General del IFE que exonera al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, de las quejas por promoción indebida.
En sesión extraordinaria del Consejo General de ese Instituto, el también representante legislativo del PAN ante el IFE aseguró que en el caso del mandatario chiapaneco “se trata de atajar la impunidad, el ilegal e inmoral uso de los recursos públicos”.
En ese sentido, el legislador chihuahuense demandó a los consejeros electorales reconsiderar la resolución de incompetencia para sancionar la ilegal propaganda mediante la cual Manuel Velasco ha venido promocionando su nombre e imagen como gobernador de Chiapas, además de utilizar recursos del erario público calculados en aproximadamente 10 millones de dólares.
Al referirse a la propaganda realizada por Velasco durante los últimos meses, bajo pretexto de dar a conocer su primer informe de labores, Corral señaló: “El más imberbe de los nóveles gobernadores del país nos recetó un escupitajo en la cara, hizo una profusa difusión de su rostro en distintos materiales propagandísticos así como en medios de comunicación nacional”.
Velasco Coello ha difundido su imagen y nombre en sitios de internet oficiales, revistas, espectaculares, parabuses, camiones o autobuses del servicio público en el DF, zona metropolitana y otras entidades, en claro abuso del derecho a promover su informe de gobierno, presentado el 19 de diciembre de 2013.
La queja contra Velasco Coello fue promovida por Acción Nacional ante el IFE, bajo el argumento de que aquél violó los artículos 41 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 228 numeral 5 del COFIPE.
El artículo 228, párrafo 5º del (COFIPE) regula la propaganda gubernamental como estipula el artículo 134 de la Constitución, específicamente el informe anual de labores de los servidores públicos, restringiendo su difusión al ámbito geográfico del servidor público en cuestión. Normatividad que fue pública y notoriamente violada por el gobernador chiapaneco al difundir su primer informe de labores en medios de circulación nacional.
Corral cuestionó además la viabilidad del resolutivo que califica al IFE como incompetente en lo general, pero turna el caso a la Comisión de Fiscalización Electoral del estado de Chiapas, un órgano estatal que no tiene competencia en materia de carácter federal.
Con este criterio se “reduce la temporalidad de la prohibición en materia de propaganda gubernamental a la realización de procesos electorales, cuando eso no es el espíritu ni la letra de la Constitución y porque incluso hay criterios del Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación que han señalado con toda claridad que la incidencia electoral no sólo se produce durante los proceso electorales, sino incluso entre estos. De lo que se trata es de asegurar en todo tiempo que los servidores públicos mantengan una conducta de imparcialidad y de neutralidad frente al fenómeno de la competencia electoral”, dijo Corral.
El chihuahuense consideró que los criterios en los que basa el proyecto ponen en riesgo la efectividad del modelo constitucional y legal establecido para regular la competencia político electoral bajo el principio de equidad, al evadir la responsabilidad de investigar y, en su caso, determinar la responsabilidad del servidor público que sea denunciado.
“En el centro de esta discusión está ni más ni menos que sentar un antecedente para atajar la violación a la ley, la impunidad, el gasto inmoral e ilegal de los recursos públicos y atajar el discurso de los cínicos con el que se endereza la justificación de excesos de los recursos que debieran ser utilizados en otras áreas”, concluyó.