El Senado de la República solicitó al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, un informe sobre las causas y el estado que guarda el conflicto de transporte público en el municipio de Chicoloapan, sucedido los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2012.
Además los legisladores del Poder Legislativo le requirieron a este mandatario estatal un reporte del daño ocasionado a la economía regional y a la vida social por la “ola de rumores dispersados” dichos días en los municipios de Nezahualcóyotl, La Paz, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Tlamanalco, Chalco, Valle de Chalco y Ecatepec, así como las medidas gubernamentales aplicadas al resguardo y protección de la población civil.
En la misma sesión ordinaria del martes 5 de febrero, el Senado pidió al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, un reporte de los daños ocasionados en las delegaciones Iztapalapa, Iztacalco y Tláhuac por los mismos hechos y las medidas que se adoptaron para la protección de la población en esas demarcaciones.
Los senadores consideraron “preocupante” la situación que ocurrió en esa zona metropolitana, pues se combinó el enfrentamiento entre grupos de interés por el transporte de mototaxi en Chicoloapan, con una ola de rumores que se suscitaron después, por lo que es necesario contar con información actualizada de lo ocurrido en septiembre de 2012.
Recordaron que esos días los habitantes de la región “vivieron el ejercicio pleno de la violencia física y mediática de grupos delincuenciales y con actuación política, que en la mayor de las impunidades desafiaron la ley, instituciones y el bienestar comunitario”.
Explicaron que como consecuencia de los rumores de violencia por parte de integrantes de Antorcha Campesina y del cártel de La Familia, el comercio canceló todas sus actividades y contribuyó a que 30 por ciento de las escuelas suspendieran clases, por lo que “la meta política de estos grupos había sido cumplida: la psicosis colectiva estaba dada”.