Ante el incremento desproporcionado en las tarifas del transporte público del Estado de México, que en los últimos tres años ha significado hasta un 63 por ciento de aumento y afectado seriamente la economía familiar de los mexiquenses, es urgente que en la entidad se garantice la eficiencia en el servicio y se apliquen descuentos para estudiantes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad.
Así lo propuso la senadora Laura Angélica Rojas Hernández al denunciar que aún y cuando el servicio de transporte público en la entidad es precario e ineficiente, las autoridades solo autorizan el alza en las tarifas sin acompañarle con un programa integral de mejora.
Actualmente, añadió, existen casi 126 mil unidades que, en su mayoría, se encuentran en mal estado, sólo 35 mil han sido regularizadas y se estima que cuatro mil más carecen de permisos y, por ende, de un control en el cobro del pasaje.
Mediante un punto de acuerdo que presentará mañana miércoles ante la Comisión Permanente, la legisladora panista recordó que el pasado 16 de mayo el Gobierno del Estado de México autorizó, mediante decreto publicado en la Gaceta de gobierno, un aumento en la tarifa de transporte público del 14 por ciento –un peso-, mismo que entró en vigor a partir del 18 de mayo pasado y que, aunado a los registrados en 2010, (22 por ciento), y en 2012, (27 por ciento), representa un incremento acumulado del 63 por ciento.
Al respecto Rojas Hernández enfatizó que este aumento resulta desproporcionado y lacerante a la economía familiar, por lo que se pronunció por contener estos incrementos y por que las autoridades mexiquenses instrumenten programas y acciones integrales que contemplen la modernización del transporte público y la capacitación de los conductores de las unidades, a fin de garantizar un servicio eficiente, limpio, seguro, sustentable y de calidad, con tarifas justas en beneficio de los usuarios.
Adicionalmente, señala en el punto de acuerdo, es urgente que las autoridades instrumenten acciones a través de programas de descuentos en las tarifas del transporte público que beneficien a sectores vulnerables de la población como estudiantes, personas con discapacidad o personas de la tercera edad, tal y como se prevé en el artículo 7.27 del Código Administrativo del Estado de México.