Por Guillermo Pimentel Balderas

Jaime Soberanes –ex priista y hoy panista-, líder de la Alianza de Transportistas Autónomos de la República Mexicana, protegido por políticos y funcionarios mexiquenses, es acusado por dirigentes del grupo Línea México-Tacuba-Huixquilucan y Anexas de ser el culpable del accidente del pasado 4 de octubre donde murieron 16 personas y una veintena más resultaron heridos.

En conferencia de prensa, Gabriel Gutiérrez López, Antonio Ramírez García y Rodolfo Victoria Pico, denunciaron que el mal estado de las unidades de ésta Línea, es propiciado por la mala gestión de un grupo que se apoderó de la empresa con base en la fuerza y la violencia, apoyados por el dirigente Jaime Soberanes y funcionarios del transporte en el Estado de México.

Aseguraron que a partir de actos fraudulentos el grupo encabezado por Agustín Luja García, Ricardo Ortiz Palma, Saúl Fernández Nava y Juan Vázquez Martínez, quienes fungieron como presidente, secretario, tesorero y vocales de la anterior administración, así como los comisarios Manuel Álvarez Durán, Javier Rosas Bernal y Miguel Ángel Ramírez Martínez, se apoderaron de la Línea México-Tacuba-Huixquilucan y Anexas, apoyados por el dirigente cúpula Jaime Soberanes, quien los fortalece con grupos de choque violentos.

Manifestaron que –protegido por Axel García Aguilera, poderoso empresario del sector transporte mexiquense y la ex presidenta Municipal de Naucalpan, Azucena Olivares Villagómez-, este grupo se dedicó a desmantelar los activos de la empresa y a dañar el patrimonio de los prestadores del servicio, al grado de que los operadores de los transportes se ven obligados a dar el servicio en condiciones poco aptas por falta de mantenimiento de las unidades, además de que provocan que se peleen por el pasaje, entre otras irregularidades.

Los denunciantes, mostraron – con documentos-, cómo, después de siete años en que no hubo Asambleas ni ordinarias ni extraordinarias, finalmente el 25 de septiembre de 2012 lograron realizar el cambio de dirigencia del Consejo de Administración, el cual les fue reconocido por las autoridades del transporte del Estado de México apenas el 25 de septiembre de este año.

Sin embargo, y a pesar del reconocimiento recibido por los denunciantes, alegaron que las autoridades del transporte del Estado de México continúan realizando gestiones y generando compromisos con la depuesta dirigencia, lo que legalmente causará incertidumbre jurídica a los deudos de las personas fallecidas y a los lesionados de aquel fatal accidente, entre otros contratiempos.

“El Secretario del Transporte del Estado de México, Ismael Ordóñez Mancilla, así como el Delegado Regional en Naucalpan, Carlos Alberto Flores Hinojos, a través de Jaime Soberanes, han continuado apoyando al grupo que usurpa la dirigencia de nuestra empresa, permitiendo que los actos de corrupción hacia el interior de la misma no sólo afloren, sino que afecten tanto el patrimonio de los prestadores de servicio que en ella laboran, como a personas ajenas que han sido afectadas por las malas prácticas de la empresa”, expresó Gabriel Gutiérrez López.

Agregó que tras el accidente del pasado 4 de octubre, donde 17 personas perdieron la vida y una veintena resultaron lesionadas, las autoridades en vez de dirigirse a los acreditados y reconocidos como los verdaderos integrantes del Consejo de Administración de la empresa, para dar solución a la problemática, aún lo realizan con Agustín Luja García y sus subalternos.

El caso es que, acusan directamente a Jaime Soberanes y los descobijaron al señalar que en una reunión - en la empresa- que el gobierno quería 30 millones de pesos para subsanar la problemática derivada de ese accidente. “Como la mayoría de los prestadores de servicio que trabajan en la empresa se opuso, finalmente bajó la cantidad a 17 millones, que sí se entregan, quizá nadie sepa a dónde irán a parar, porque es una cantidad muy importante”, expresaron.

Expresaron que la intención era engañar al dueño de la unidad y a los socios con respecto de la cantidad de salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal para generar la indemnización, al triplicar los supuestos salarios mínimos que se deben pagar a los deudos de los fallecidos.

No conformes, subrayaron que también exigieron 5 mil pesos a cada uno de los dueños de unidad para enfrentar la indemnización, la que sólo ha alcanzado a una persona, quedando una fuerte cantidad en el limbo.

Cabe señalar que Jaime Soberanes, con su organización, es el que negocia los incrementos a las tarifas del autotransporte con el gobierno del estado de México.

La ex alcaldesa de Naucalpan, Azucena Olivares Villagómez, tiene un proceso administrativo disciplinario en su contra, por parte del poder legislativo mexiquense, ante la denuncia penal interpuesta en su contra por el desvió de recursos por más de 69.9 millones de pesos.

En cuanto a Axel garcía, se sabe que “el compadrazgo, el salvajismo, la presión política, el abuso y actos de corrupción e intimidación para aquellos que no quieren seguir su juego, son las prácticas diarias en que se ampara.

El ex alcalde de Cuautitlán Izcalli, se ha publicado en varios medios de información, sigue en sus intentos por apropiarse a toda costa de las concesiones del servicio de transporte de pasajeros en el Estado de México y, de una vez, ostentarse como “el rey del transporte” en la entidad. Algo así como una versión “moderna” del otrora pulpo camionero de las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado”.

También, se ha documentado públicamente que “el hostigamiento a punta de pistola, amenazas de muerte, golpizas  y otras arbitrariedades han caracterizado al ex procurador General de Justicia de la Zona Poniente, quien ahora es propietario de  las empresas “Izcalli García Aguilera S.A.” (Izgasa) y la “Alianza de Auto transportistas Autónomos de la República Mexicana” (Triple A), con más de dos mil unidades de su propiedad que disputa el control de las rutas en los municipios Cuautitlán y Atizapán de Zaragoza, con otro dirigente de transportistas de nombre Guadalupe Uribe”.