Los senadores panistas Sonia Mendoza Díaz, Jorge Luis Lavalle Maury y Laura Angélica Rojas Hernández presentaron un punto de acuerdo un punto de acuerdo para solicitar al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, informe de manera convincente sobre las transferencias de dinero que se hicieron del gobierno de la entidad a una cuenta bancaria particular y que presuntamente se usaron para financiar la pasada campaña electoral presidencial del PRI.
Asimismo, solicitan al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México investigar si esas transferencias implicaron un quebranto a la Hacienda Pública estatal.
Los senadores proponentes recordaron que durante la campaña hubo varios señalamientos sobre el manejo opaco de las finanzas del PRI para la campaña presidencial, entre los que destacó recientemente una presunta transferencia de 50 millones de pesos de una cuenta del gobierno estatal a un particular para supuestamente financiar la campaña de Enrique Peña Nieto.
En su oportunidad, prosigue la exposición de motivos del punto de acuerdo de los legisladores panistas, el secretario de Finanzas del gobierno del Estado de México, Raúl Murrieta Cummings, “aseguró que hubo tres errores en las cuentas bancarias del gobierno y en uno de esos casos se vinculó con la presunta transacción de 50 millones de pesos de una cuenta del gobierno mexiquense a una particular”.
En es oportunidad, continúa el texto del punto de acuerdo, “el funcionario citado afirmó que las tres transferencias fueron producto de errores del propio banco, por lo cual solicitó a la entidad Scotiabank hacer las aclaraciones pertinentes”.
Sin embargo, se alega, lejos de ser una aclaración satisfactoria se provocaron más cuestionamientos sobre el manejo transparente y honesto de la campaña presidencial del PRI, y más al tratarse de transferencias por más de 50 millones de pesos y en una situación en la que el gobierno mexiquense ha reconocido que su endeudamiento ascendió a 38 mil millones de pesos.
Por lo anterior, los legisladores federales enfatizaron que el gobierno debe informar al Senado y a la ciudadanía de manera convincente sobre dichas transferencias.