Guillermo Pimentel B.
La Procuraduría Agraria dio solución, por la vía del diálogo y la conciliación, a conflictos de límites entre comunidades del estado de Oaxaca, que tenían una problemática de 50 y 40 años, restableciendo con ello la paz social y gobernabilidad entre sus habitantes.
Con la participación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Registro Agrario Nacional (RAN), la Junta de Conciliación y Arbitraje del gobierno del Estado de Oaxaca y del INEGI, se llegó a buen término el conflicto de límites que predominó a lo largo de cinco décadas entre las comunidades de San Martín Itunyoso, Santa María Yucunicoco y San Juan Copala, afiliados a la organización Movimiento Único de Lucha Triqui (MULT).
Los principales problemas a los que se enfrentaron los habitantes de estas comunidades —de la etnia Triqui— estriban en que desde hace 31 años no habían renovado sus Órganos de Representación y Vigilancia, ni actualizado tampoco su padrón de comuneros, lo que generó reiteradas desavenencias entre las mismas familias que impedían resolver el conflicto de límites.
En otro caso, el conflicto por límites que mantenía desde hace 40 años la comunidad de Santa Catarina Juquila con la colectividad de San Marcos Zacatepec, en el municipio de Santa Catarina Juquila, Oaxaca, logró resolverse en el marco de los trabajos de regularización por parte de las Instituciones del Sector Agrario que coordina la SEDATU, mediante la firma de un convenio entre ambas partes que permitió definir la línea de colindancia.
Esta acción conciliatoria beneficia a un total de 2 mil 021 comuneros, mismos que ya recibieron sus certificados de derechos sobre tierras de uso común, de los cuales mil 762 corresponden a la comunidad de Santa Catarina Juquila, y 259 a San Marcos Zacatepec.
Con estas acciones, que llevó a cabo la Procuraduría Agraria conjuntamente con las instituciones del Sector, se logró restablecer la paz social y la gobernabilidad entre los habitantes de estas comunidades oaxaqueñas, con lo que se reafirma la política del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de tener un campo regularizado, productivo y en orden, con pleno respeto a los derechos y patrimonio de los sujetos agrarios.