Es de mi total interés hacer llegar a sus respectivas instituciones la indignación ante un enorme y descarado fraude por la improvisada instalación (que no construcción de la sede), de una sala de juicios orales (Se improvisó una sala con la mesita y sillas arriba del juzgado penal) que le pertenece al pueblo Maya de Quintana Roo, con un costo irreal que ofende al pueblo en mención. Hay responsables porque no hay ni edificio ni jueces para operarlo y hacerlo efectivo como debe ser (muy grave); y estos son todas las y los Magistrados, tanto como las y los integrantes del Consejo de la Judicatura, así como las y los Diputados del estado de Quintana Roo que debieron por obligación hacer valer el mandato constitucional.
Son dos poderes; el Judicial y el Legislativo, que por omisión, comisión o complicidad no han cumplido al pueblo Maya y le han apostado a la impunidad, al saqueo, a refugiarse en la política y a que con el tiempo se olvide todo lo que se pretenden llevar a plena luz del día con tanto cinismo, que no fueron capaces de solicitar al congreso una prórroga para el inicio del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en la Zona Maya, esto se lo haremos hacer saber y llegar a la Lic. María de los Ángeles Fromow titular de la CETEC; a los legisladores federales de esta legislatura y la entrante para su conocimiento. Porque es un infame agravio a los Mayas, que puede inclusive tipificarse como discriminatorio; de ya estoy advirtiendo ante esta discriminación que los Mayas se harán justicia por su propia mano ( ya iniciaron de hecho los linchamientos en Quintana Roo como el de Carlos A Madrazo el pasado 4 de junio del presente año).
Y es aquí precisamente donde debe intervenir el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado, Lic. Harley Sosa Medina, quien debe proteger los derechos humanos de todas y todos los quintanarroenses, sin discriminación.
Atentamente
C. Jaime Enrique Rendón de León.