Ante la negligencia de autoridades federales en responder exhortos de la Cámara de Diputados sobre Dragon Mart Cancún, megaproyecto aparentemente de unos cuantos vivales, pero de enormes consecuencias económicas, poblacionales y ambientales, diputadas federales demandaron la comparecencia de los secretarios de Estado involucrados o con competencia en el tema.

Durante el Foro Nacional Sobre Efectos Ambientales y Económicos del Proyecto Dragon Mart, organizado por el Senado de la República, la diputada Graciela Saldaña Fraire recordó que las peticiones de información del Poder Legislativo a instancias del Ejecutivo sobre dicho proyecto han sido reiteradamente ignoradas.

Desde noviembre del año pasado –recordó- más de 100 diputados de todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados propusieron un punto de acuerdo que, durante el receso legislativo, fue asumido por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 26 de diciembre para solicitar acciones e información a instancias federales y estatales sobre su actuación en este caso.

En dicho acuerdo, se pidió además al gobierno de Quintana Roo iniciar un juicio de lesividad contra quienes hubiesen otorgado el permiso de impacto ambiental, pues se basaron en falsedades, irregularidades e inconsistencias.

Por la misma razón, se solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) abstenerse de autorización alguna sobre cambio de uso de suelo e impacto ambiental, mismo que aparentemente ya gestionaban los interesados y cuyo estatus se ignora al momento.

El punto de acuerdo también incluía la petición a la Secretaría de Economía para investigar y proporcionar información sobre el impacto en la producción, el comercio y, en general, la economía del país, así como la posible violación de la Ley de Inversión Extranjera.

La petición fue ignorada, por lo que la Comisión Permanente solicitó el 3 de enero la intervención de la Secretaría de Gobernación a fin de que, además, informara sobre la posible llegada de miles de ciudadanos chinos para trabajar y residir en la zona prevista para el proyecto.

Más de un mes después, no hay respuesta alguna de las mencionadas instancias, por lo que la diputada propuso llamar a comparecer a los titulares de las mencionadas dependencias, así como al de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

“Todos los proyectos que se desarrollen en el país, nacionales o extranjeros, deben cumplir con la ley mexicana. De ningún modo cabe la opacidad y para transparentar este proyecto, los funcionarios involucrados deben comparecer”, apuntó la legisladora.

A su vez, la diputada federal Yazmín de los Ángeles Copete Zapot dijo que Dragon Mart representa “la conquista silenciosa de China en nuestro país. En Cancún se busca consolidar y fortalecer a China en América Latina”.

La legisladora veracruzana indicó que a China se le ha señalado como el mayor país deforestador del planeta, por compra-venta ilegal de madera, a tal grado que en 2011 importó al menos 18.5 millones de metro cúbicos de madera ilegal valorada en 3 mil 700 millones de dólares.

En este sentido, aseguró que “Dragon Mart es la puerta de entrada para apoderarse de las selvas y bosques de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y, por supuesto, Quintana Roo. Esto no es ninguna especulación o fantasmagórica alucinación. Los chinos han comprado grandes extensiones de tierra en América Latina y principalmente en la selva amazónica”.

Dijo que también en 2001 el comercio entre China y Brasil creció en 60 por ciento, con una inversión de 11 mil millones de dólares en rubros como agricultura y energía. “Lo de la agricultura también nos preocupa, porque se ha autorizado la producción por parte del servicio nacional de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria de la Sagarpa, en junio de 2012 liberó permisos para la producción de la soya y se autorizó la siembra del grano genéticamente modificado en Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas”, precisó.

Por otra parte recordó que el director de Dragon Mart en México Juan Carlos López Rodríguez, quien fue protegido por Manuel Bribiesca Sahagún, hijo de Marta Sahagún e hijastro del ex presidente Vicente Fox Quesada, fue inhabilitado 12 años para ocupar cualquier cargo público y se le impuso una obligación de pagar un crédito fiscal por 28 millones de pesos por negligencia y omisiones.

Copete Zapot dijo que de acuerdo con versiones periodísticas, Manuel Bribiesca realizó grandes negocios ilícitos en aduanas mexicanas, sobre todo con la introducción de productos chinos, con la protección del ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz.

“Es muy grave el regreso del ex presidente Fox Quesada a la vida política de nuestro país y a los negocios ilícitos. Se tienen que investigar cuáles son los verdaderos intereses que están detrás de Dragon Mart, porque el ex presidente fue un activo promotor en la elección pasada”, aseveró la diputada del PRD, quien añadió que todos los interesados en Dragon Mart, debemos “solicitarle a Enrique Peña Nieto, como promotor y firmante del Pacto por México, en el apartado de transparencia y combate a la corrupción, que tiene la obligación de informar a la sociedad mexicana cuáles son los verdaderos intereses de Dragon Mart en Cancún, sobre todo porque hay políticos que han apostado por este proyecto, y que a todas luces genera dudas y sospechas”.