En un accidente automovilístico la señora Blanca Esthela Azoños de León, resultó con severas lesiones en su cuerpo que la dejaron como persona con discapacidad. Por los hechos recurrió en la búsqueda de justicia y la reparación del daño contra el responsable del percance. Como marca la ley se presentó ante el Agente del Ministerio Pública a levantar el acta correspondiente.
Confiada en que la autoridad judicial procedería conforme a Derecho, esperó la respuesta y sentencia final, pero en una actuación dudosa, opaca y hasta denigrante la representación popular incurrió en omisión y la averiguación previa que debió ser rápida y expedita permaneció confinada –sin razón alguna- durante 40 meses, hasta que la afectada acudió a la Comisión de Derechos Humanos del DF a exponer una denuncia.
Por ello, el legislador del GPPAN en la ALDF, Carlo Pizano Salinas, Vicepresidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia subió a Tribuna en la Diputación Permanente un Punto de Acuerdo para que el Procurador General de Justicia del DF, Jesús Rodríguez Almeida entregue un informe detallado por la omisión, de quien resulte responsable, que impidió a la señora Azoños de León, acceder a la justicia e indemnización respectiva.
Agregó que tiene que explicar si atendió y en que curso va la Recomendación 5/2012, que la CDHDF remitió al abogado de la Ciudad, ya que “es irresponsable y anticonstitucional que una averiguación previa se haya congelado durante 40 meses, y la fiscalía no haya realizado la investigación para proceder legalmente y reparar el daño contra el responsable del accidente”.
En la Recomendación, insiste Pizano Salinas, se responsabiliza a la PGJDF de incumplimiento a su obligación de aplicar de manera pronta, expedita y oportuna la justicia.
En tanto el Agente del MP fue omiso en allegarse de manera rápida los elementos de prueba elementales para iniciar la indagatoria, como el dictamen de mecánica de lesiones de la agraviada, que realizó 23 meses después de presentada la denuncia.