Ante los recientes y recurrentes accidentes sucedidos en el transporte público concesionado (microbuses, combis, habilitados, autobuses, taxis. etc.) urge revalorar las acciones y las sanciones que la “autoridad” ha aplicado, pues como se ven las cosas estas no ha surtido el efecto correctivo. Es por el ello que el GPPVEM en la ALDF, en voz de su Coordinador, Diputado Raúl Nava Vega solicitó a la Contraloría General del DF realizar una auditoria a las Secretarías de Transporte y Vialidad y a la de Seguridad Pública en materia de transporte público.
Señaló que la reincidencia de estas situaciones, a pesar de las medias correctivas ha fracasado.
Por ello, es importante que la Contraloría de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública realice de forma inmediata la actuación de estas dependencias, así como al Instituto de Verificación Administrativa para frenar, y en el menor de los casos minimizar el número de accidentes por la incapacidad o falta de acción de las autoridades responsables.
La Contraloría, detalló Nava Vega, debe realizar todo tipo de auditorías y evaluaciones a las dependencias con el objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos de sus programas.
Con base en los parámetros auditados deberá emitir observaciones y recomendaciones; dar seguimiento; sostener reuniones periódicas con los titulares de las dependencias, para tomar las medidas adecuadas.
La Contraloría tiene que cumplir con sus obligaciones en beneficio de los usuarios del transporte público concesionado que diariamente se ven amenazados por el mal servicio que se ofrece este sector.
Raúl Nava Vega exigió al Secretario de Transportes y Vialidad, Armando Quintero Martínez, reconocer que el sistema del transporte público de la Ciudad de México es “caótico, arbitrario e inseguro y después echar la bolita a todas partes, sólo levanta una cortina de humo, para desviar la atención de lo que nunca pudo resolver su incapacidad y desinterés en los asuntos de la SETRAVI.