El GPPVEM en la ALDF celebró y aplaudió el operativo realizado por autoridades del INVEA y de la SSP en contra de los revendedores de boletos por ser una actividad ilegal, evasora de impuestos locales, de extorsión e impunidad entre boleteros y revendedores, su Coordinador, Diputado Raúl Nava Vega, lo consideró insuficiente.

Explicó que el operativo realizado en el Palacio de los Deportes, durante el concierto del grupo Metallica, era necesario, sin embargo estas acciones deben realizarse de manera permanente para desterrar esta actividad ilegal, que sólo beneficia de los líderes de las mafias del ambulantaje callejero.

El GDF tiene la obligación de implementar una campaña de información en radio, televisión, impresos, en la Red para enterar a la ciudadanía que la compra de boletos en reventa también será sancionada.

Nava Vega acusó y pidió a la PGJDF investigar la probable participación de la empresa ticket master con las bandas de revendedores, ya que es el único grupo que controla la venta de boletos y legalmente sólo debe entregar tres boletos por persona.

 “Resulta sospechoso, cuestionó, que las bandas puedan obtener la mayoría de los boletos en unos segundos para cualquier evento, y después encontrarlos en subastas en páginas de Internet o en reventa fuera de los espectáculos”

El diputado verde ecologista explicó que la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el DF establece, en el artículo 33, que las personas con carácter de dependiente, encargado, gerente, administrador, representante u otro similar, serán los responsables de evitar que se vendan boletos en vía pública.

Su obligación es notificar de inmediato a la Delegación correspondiente cuando se presenten estas conductas ilegales para actuar de inmediato, detener a los responsables a quienes se les aplicarán sanciones económicas de entre 12 mil 466 y 24 mil 930 pesos.

Lo importante, concluyó Raúl Nava Vega, es erradicar de raíz el problema, actuando en contra de la empresa controladora de entradas a espectáculos, además de los operativos que implementen las autoridades contra los revendedores.