La Comisión Permanente acordó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del Distrito Federal para que atiendan las solicitudes de información formuladas por los habitantes de las colonias y pueblos afectados por la construcción del tren interurbano de pasajeros México-Toluca, relativas al proyecto ejecutivo de la obra y a los estudios de impacto urbano, ambiental, de movilidad y social.
En la sesión de este lunes también se les pidió reanudar el diálogo y las mesas de trabajo con los habitantes de las zonas afectadas por las obras de construcción del tren interurbano.
En particular, se solicitó que el gobierno del Distrito Federal atienda las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, contenidas en el expediente número CDHDF/III/122/AO/14/D7541.
Al presentar el punto de acuerdo, aprobado en votación económica, el diputado Fernando Rodríguez Doval recordó que el 1 de diciembre de 2012 el gobierno federal anunció la construcción del tren interurbano México-Toluca, el cual prevé recorrer 58 kilómetros, en un tiempo estimado de 39 minutos y conectará el poniente del Distrito Federal con la capital del Estado de México, con un costo aproximado de 43 mil millones de pesos.
Mencionó que este proyecto es de gran calado, toda vez que se calcula que transporte a cerca de 270 mil personas diariamente, requiere de una importante inversión de recursos públicos, pero afectará zonas densamente pobladas.
Es fundamental, dijo, la participación de la ciudadanía en general, pues hasta ahora vecinos de las 33 colonias han manifestado que “no han contado con facilidades para acceder a la información sobre los aspectos de esta construcción que a ellos les afecta directamente”.
Rodríguez Doval precisó que han insistido en que tanto el Gobierno federal como el del Distrito Federal han omitido detalles relativos al trazo detallado de la línea, pues si bien han indicado dónde se ubicarán las terminales del tren, así como las cuatro estaciones intermedias, el resto del recorrido es incierto para la ciudadanía, y tampoco se sabe si el proyecto se encuentra acabado, en virtud de que únicamente se manejan “anteproyectos”.
Ante ese clima de opacidad y cerrazón, afirmó, surgen dudas con respecto a los criterios que las autoridades involucradas utilizaron para diseñar la ruta del tren interurbano, ya que emergen cuestionamientos sobre si lo que se privilegia es el interés público o si el trazo será caprichoso.
Sobre el tema, la diputada Aleida Alavez Ruiz expresó que este tema ha sido revisado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con los quejosos y vecinos “que obviamente no saben bien cuáles van a ser las afectaciones que les causarán estas obras y el impacto ambiental”.
Indicó que el Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deben dar cabida al principio de máxima publicidad del proyecto, pues lo relacionado con la obra tiene que abrirse al conocimiento de la población.