Por: Sara Lovera López / Casa de los Derechos de los Periodistas
Las instalaciones de la revista Contralínea. Periodismo de Investigación, (ubicadas en la transitada avenida Río Churubusco 590, colonia Del Carmen, Coyoacán), fueron asaltadas la noche del 23 de junio de 2014. Como resultado de ello, los delincuentes se llevaron expedientes periodísticos de los reporteros. También, documentación personal que algunos periodistas resguardaban en sus escritorios.
Además, fueron sustraídos 19 equipos de cómputo –incluidas las laptops del director Miguel Badillo y el subdirector José Réyez–, una cámara de video profesional, tres pantallas de televisión, equipo de audio, incluida una consola de producción radiofónica. Los asaltantes también se llevaron discos compactos con información editorial. Todos los escritorios, gavetas y cajones de la redacción fueron saqueados.
La Casa de los Derechos de los Periodistas, de la cual el periodista Miguel Badillo es socio, reprueba esta nueva acción en perjuicio de Contralínea y exige a las autoridades de procuración de justicia del Distrito Federal, la investigación inmediata y eficiente para dar con los responsables intelectuales y materiales de estos hechos y a la Procuraduría General de la República (PGR) le pide que atraiga el caso, ya que se trata de una agresión sistemática en contra de esta publicación como se demuestra con el historial de agravios que esta organización ha documentado.
Este acto intimidatorio se da en un contexto de agresiones constantes en contra del equipo de Contralínea. Tan sólo el 18 de abril pasado también fue asaltado el domicilio particular del director, sin que hasta la fecha la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal haya podido resolver el caso. Ello a pesar de existir grabaciones en video de los asaltantes y el vehículo que emplearon (AP: FCY/COY-2/T2/0105071406).
En el robo ocurrido el día 23, se observa que la caja fuerte –localizada en la oficina del subdirector– fue violentamente forzada. Algunas puertas y ventanas fueron rotas, además de que los delincuentes movieron las cámaras de vigilancia y cortaron sus cables.
Cabe destacar que dichas cámaras forman parte de las medidas cautelares dictadas por la Secretaría de Gobernación a favor de este medio, como parte de los protocolos del Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas. Ello, tras las peticiones hechas directamente por la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se garantizara el libre ejercicio de expresión e información del equipo de Contralínea.
Y aunque dicho mecanismo también incluía vigilancia permanente al lugar de trabajo, esta nueva agresión demuestra la ineficacia de Gobernación para garantizar y proteger la labor periodística.
Como se recordará, a lo largo de su historia Contralínea ha sido objeto de amenazas, persecuciones, juicios, robos, allanamientos, vetos publicitarios e informativos gubernamentales, un arresto y una emboscada.