La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por violaciones a los derechos a las garantías judiciales, protección judicial, propiedad privada e integridad personal, cometidas en agravio de las y los ex trabajadores de Ruta 100.
Este caso es llevado ante el Sistema Interamericano, luego de que las y los ex trabajadores de Ruta 100 realizaran esfuerzos durante más de 14 años para lograr el acceso a la justicia, sin haber obtenido resultados de la investigación penal realizada con motivo del fraude que se cometiera en su perjuicio, el cual les provocó un detrimento patrimonial al no poder gozar ni disponer del dinero de sus liquidaciones una vez consumada la intervención administrativa y posterior a la quiebra de Ruta 100 ocurrida en el año 1995.
En relación con la investigación penal del fraude, iniciada en el año 2001 y la cual aún se encuentra en trámite, la CDHDF se pronunció sobre la actuación deficiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), y el 31 de mayo de 2011 emitió la Recomendación 3/2011, en la que se acreditó el retardo injustificado en la investigación y la falta de debida diligencia por parte del Ministerio Público.
Dicha Recomendación fue declarada incumplida por este Organismo el 23 de abril de 2013, por lo que el 28 de marzo del 2014 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 10/2014, dirigida al Jefe del Gobierno del Distrito Federal, la cual aún no se ha cumplido totalmente.
El caso presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos plantea las omisiones del Estado mexicano en la supervisión del funcionamiento del Fideicomiso F-100, en el que las y los ex trabajadores invirtieron el dinero de su liquidación y del cual no obtuvieron ni su capital ni los rendimientos del mismo.
Igualmente, se expone la falta de ejecución de la sentencia dictada en el proceso ordinario mercantil, la cual a pesar de ser favorable a los trabajadores, no se ha ejecutado por parte de las autoridades. Por otra parte, se precisa que la dilación e ineficiente investigación en la averiguación previa, ha generado una clara denegación de acceso a la justicia.
Lo anterior, en una franca violación a los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la propiedad privada de las víctimas. Asimismo, como consecuencia de lo anterior, las víctimas y sus familiares también sufrieron una afectación en su integridad física y psicológica.
Con el objeto de que el Estado mexicano responda por el incumplimiento de sus obligaciones y de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas en este caso, la CDHDF representa a más de 600 personas ex trabajadoras de Ruta 100 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como parte de un litigio Pro bono, gratuito, en el que no cobra ni cobrará el trámite del caso por ser un Organismo Público, por lo que ningún tercero podrá realizar cobro alguno a las víctimas en relación con el litigio de la petición.
La petición presentada por este Organismo abre la posibilidad para que una instancia internacional se pronuncie sobre las violaciones a derechos humanos en agravio de las personas ex trabajadoras de Ruta 100 y se ordene al Estado mexicano su restitución en el goce y ejercicio de sus derechos.
La CDHDF permanecerá atenta de la decisión que adopte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la posible admisión y estudio del caso en el Sistema Interamericano.