Con el fin de impulsar un crecimiento urbano adecuado, ordenado y sustentable en la Ciudad de México, el senador Pablo Escudero Morales exhortó al Gobierno del Distrito Federal a ponderar un dictamen integral de impacto urbano cuando se pretenda otorgar autorizaciones y permisos para construir unidades habitacionales con más de 15 viviendas.
A través de un Punto de Acuerdo comentó que el desorden en las construcciones se deriva de olvidos, rezagos, falta de previsión, de la ignorancia en la elaboración de normas y planes de crecimiento que incluso nunca acataron de manera formal.
Y es que, la falta de programas adecuados de crecimiento urbano incrementó la oferta de vivienda a más de 500 mil casas, mientras que la población aumentó a 20 mil habitantes del 2005 al año 2010.
Además, la existencia de más de 200 mil casas desocupadas y de uso temporal de aproximadamente 80 mil viviendas, muestra la necesidad de impulsar un crecimiento urbano ordenado.
Resaltó la necesidad de crear conciencia sobre el crecimiento poblacional, ya que el desorden tiene límites muy cercanos a la saturación y la incapacidad de satisfacer la demanda creciente de los servicios como el acceso al agua, electricidad, alumbrado público, seguridad, movilidad urbana, educación y medio ambiente.
En ese sentido, comentó que la capital del país experimenta contradicciones en su desarrollo urbano, producto de los cambios constantes en los criterios de crecimiento de la ciudad y ha carecido históricamente de un concepto ordenado y planeado correctamente.
Por lo que urge impulsar un objetivo y futuro claro que permita ordenar su territorio de modo cuantificado y analizando los recursos del espacio territorial, así como considerar el impacto de un aumento de la población y la concentración de la economía.
Por lo que reiteró que la premisa más importante es impulsar medidas que vayan más allá de la sola reorganización del uso del suelo, hace falta poner especial atención al otorgamiento de los permisos y autorizaciones, a partir de estudios claros y precisos que permitan conocer el límite de ocupación territorial, para que se haga público, al menos 45 días antes, con el fin de que los vecinos y la ciudadanía pueda hacer un análisis.