La coordinadora del Partido del Trabajo (PT) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Miriam Saldaña, señaló que desde el inicio del programa en 2007, que despenaliza el aborto antes de las 12 semanas de gestación, se han realizado 106 mil 701 atenciones, de las cuales, 15 mil 500 fueron interrupciones del embarazo, y menos del 5 por ciento se practicaron a mujeres menores de edad.
Comentó que el 71 por ciento de las usuarias tienen residencia en el Distrito Federal y el 29 por ciento proviene de otros estados. De igual forma, agregó, el 80 por ciento del total de pacientes fueron atendidas con medicamentos y 20 por ciento con método de Aspiración Manual Endouterina (AMEU) - según datos de la Secretaría de Salud capitalina-.
En entrevista, la asambleísta del PT recalcó que a fin de eliminar cualquier posible afectación psico-emocional y favorecer su bienestar, se ha pedido a la Secretaría de Salud y al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, implementar de manera conjunta, un programa de atención psicológica dirigido a las mujeres que deciden llevar a cabo la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Para lo cual, adelantó que presentará un punto de acuerdo al pleno de la ALDF, con el fin de que la Ley de Salud capitalina establezca la obligación de las instituciones propias de la materia de brindar información sobre la ILE.
Sin embargo, señaló que esa orientación carece de un seguimiento que permita preservar la salud psico-emocional de las mujeres que decidieron ejercer este derecho, ya que este acto legal y voluntario, lleva a algunas de ellas a sufrir impactos emocionales debido a dicha situación.
Saldaña Cháirez recordó que las reformas legales aprobadas desde el 24 de abril de 2007 por la ALDF, priorizaron la atención de la salud sexual y reproductiva; se estableció que “los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos".
De igual forma, precisó, fija como prioritarios los servicios de planificación familiar y anticoncepción, cuyo propósito principal es contribuir a la prevención de embarazos no deseados; disminuir riesgo reproductivo, evitar la propagación de las infecciones de transmisión sexual y coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos reproductivos de las personas.