Al afirmar que no permitirán que se siga dañando física y psicológicamente a ninguna persona en su área de trabajo, legisladores del PAN acompañaron a un grupo de trabajadores de la administración capitalina para interponer una queja ante la Contraloría General del Distrito Federal por acoso laboral.
Al hacer entrega de este recurso, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y los asambleístas Orlando Anaya González y Gabriel Gómez del Campo Gurza explicaron que se trata de cinco empleados que laboran actualmente en la Dirección General de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios del DF, quienes fueron desplazados de sus funciones en diciembre de 2011, sin motivo y sin explicación alguna.
Desde ese entonces, Lourdes Ruvalcaba Ramírez, José Luis López y Alejandro Villarreal Jiménez, quienes se desempeñan como revisores de estimaciones y cada uno acumula más de 15 años en dicha Secretaría; Margarita Ramírez Ramírez, que funge como secretaría; y, Alfredo Gabriel Ramírez, asignado a la Entrega-Recepción de contratos de obra pública, asisten todos los días a su centro de trabajo para checar su tarjeta de entrada y salida sin hacer absolutamente nada, ya que también les fue retirado su mobiliario, teléfonos y herramientas para realizar su labor, al grado de que no se les permite utilizar los bolígrafos.
También, acusó la senadora, se les retiró la prestación por “tiempo extra” que recibían, para asignar ese recurso a personal de confianza de los nuevos jefes, afectando con ello su patrimonio.
A pesar de sus años de experiencia, expuso, se les ha marginado de cualquier actividad laboral y ahora sufren el acoso de sus compañeros de trabajo por la misma razón, porque según ellos se han convertido en un “estorbo” o porque “no sirven para nada”.
“Este es sólo un ejemplo de la situación que viven muchos trabajadores del Gobierno del Distrito Federal que padecen acoso laboral, afortunadamente ellos tuvieron el valor, la valentía de acercarse con nosotros y que les pudiéramos brindar la asesoría y ayudarles a que su situación sea distinta”, sostuvo Gómez del Campo.
Por lo anterior, precisó la legisladora, la queja presentada hoy es contra el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa; el Secretario de Obras y Servicios del DF, Luis Alberto Rábago Martínez; Jorge Isaac Góngora Solares, Subdirector de Mobiliario Urbano, y Juan Carlos Gómez Lagunas, quien es el Jefe de Área de Contratos; así como todos aquellos servidores públicos que resulten responsables.
Al hacer uso de la palabra, los trabajadores narraron la forma en cómo han sido víctimas de discriminación, maltrato y burlas, por lo que exigieron que se les dé un trato digno y se les reasignen las labores que tenían encomendadas desde hace 15 años, así como las prestaciones y compensaciones que les corresponden; y a los funcionarios involucrados se les sancione conforme a derecho.
“Nosotros decidimos denunciar porque ya estamos hartos de esta situación y de este maltrato, pero la realidad es que hay mucho más gente en el área que por alguna causa o por no tomar estas medidas han terminado por abandonar el trabajo o irse a otras dependencias como las delegaciones, porque no se atreven a hacer este tipo de denuncias”, alertaron.
En tanto, el diputado Gabriel Gómez del Campo recordó que el 5 de junio pasado presentaron en la Asamblea Legislativa una iniciativa para penalizar el “mobbing” hasta con 3 años de prisión, al tiempo de exhortar a los trabajadores que padecen este tipo de acoso a que se acerquen a ellos a través de las redes sociales, su página de internet o directamente en sus oficinas, a fin de brindarles la asesoría necesaria.
“Nuestro objetivo es seguir trabajando de la mano con los trabajadores que se ganan día a día el pan para llevarlo a sus casas y le vamos a estar dando seguimiento”, dijo.
Por su parte, el diputado Orlando Anaya González indicó que este tipo de quejas sientan un precedente para que estos hechos no se vuelvan a repetir y advirtió que estará muy atento para que los trabajadores que presentaron la queja no reciban una sola represalia por parte de sus jefes.
“Hacemos un llamado enérgico a la autoridad para que detenga este tipo de problemas porque estamos seguros que a partir de esta queja y su difusión se presentarán muchos más casos”, aseguró.
La senadora indicó que 7 de cada 10 víctimas de acoso laboral son mujeres y de acuerdo con el INEGI, el Distrito Federal es la tercera entidad –por debajo de Jalisco y el Estado de México- con el más alto porcentaje de violencia contra las mujeres. “76.8 por ciento de este sector de la población con 15 años y más han sido víctimas de algún incidente de violencia”.
Adelantó que será en el próximo periodo ordinario de sesiones cuando presente una propuesta para crear un Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Acoso Laboral, no sólo en el Distrito Federal sino a nivel nacional, que brinde apoyo psicológico a las víctimas y acompañamiento legal, además de promover una campaña de difusión de los derechos en el ámbito laboral y que las procuradurías General de la República y las Estatales sepan atender estos casos.
“Confío en que la Contraloría atienda este caso en particular y haga algo al respecto, porque si queremos cambiar la ciudad, si queremos cambiar la realidad de los trabajadores, la realidad de la gente, las instituciones deben de funcionar”, concluyó.